Un país de patriotas y traidores

Dice el presidente López Obrador que, si los ingresos de un particular tienen que ver con el presupuesto, con bienes públicos y con política, se trata de un oficio público y, por ende, esos ingresos deben ser revelados. Todo para demandar que los ingresos de los comunicadores sean públicos.

Por supuesto, es un disparate legal que viola la Constitución, pero si así fuera, habría que comenzar por él mismo: nunca ha presentado sus declaraciones fiscales ni explicó sus ingresos, por ejemplo, durante los 13 largos años en los que vivió de la política y, en todo caso, de las prerrogativas que recibían los partidos en los que militó, primero el PRD y luego Morena. Y esos son recursos públicos. En esos años formó una segunda familia, se casó, tuvo otro hijo, sus tres hijos mayores fueron a la universidad en México y en el extranjero, dejó su departamento de Copilco para comprar su casa de Tlalpan. Tuvo un grave infarto que fue atendido en un buen hospital privado: tanto el entonces presidente Peña Nieto como el jefe de Gobierno, Miguel Mancera, le ofrecieron cubrir aquellos gastos, muy altos, y prefirió no aceptar el ofrecimiento.

Incluso presumió que durante aquellos años no tenía ni siquiera una tarjeta de crédito. Pues de algo tiene que haber vivido y garantizado el bienestar de su familia. Hace un par de años dijo que vivía de las regalías de sus libros, pero todos sabemos que, en todo caso, esos ingresos, en México, siempre son magros. Por supuesto que recibió apoyos y me parece legítimo. Personas cercanas al presidente López Obrador me dicen, y lo creo fielmente, que su estilo de vida es relativamente frugal, pero para hacer política al nivel que lo hizo López Obrador a lo largo de esos 13 años, muchos más en realidad, se necesitan recursos. El ciudadano López Obrador puede decir que ésa es información privada y tiene derecho a mantener la secrecía de la misma. Pero lo mismo puede decir el resto de la población. Nadie tiene derecho a exigir nada en ese sentido.

Si el Inai cumpliera con lo que le pidió el Presidente, entonces tendría que divulgar también los ingresos de José Ramón. Porque se trata de un particular que tiene relación con el presupuesto, con bienes públicos y con la política. Su padre es el Presidente de la República y su empleador, el para mí muy respetable empresario Daniel Chávez, relacionado con obras públicas y desarrollos energéticos y hoteleros.

No se necesita recurrir a la UIF o al Inai para tener esas respuestas. Todo este escándalo con declaraciones y hechos que violentan la ley, el derecho a la privacidad y hasta el sentido común se podría haber evitado desde el día uno, con un poco de transparencia a la que sí están obligados un gobierno, sus funcionarios y allegados.

Por supuesto que en todo esto hay política y divergencias, pero es gravísimo que se confunda el legítimo derecho a exhibir una información que, además, es objetiva (la de la casa de Houston en la que vivía el hijo del Presidente, que era propiedad de un ejecutivo de una empresa contratista de Pemex, con el consiguiente posible conflicto de interés), con una “conspiración” e, incluso, calificar a quienes reclamamos el proceder gubernamental (ver la respuesta del consejo consultivo y del propio Inai al Presidente al respecto) como “traidores a la patria”.

Los gobernadores o legisladores de Morena, tan irresponsables en sus juicios, tendrían que entender que no representan a la patria: son un grupo de ciudadanos que tienen un proyecto de gobierno, tan legítimo como el de cualquiera de sus opositores y críticos. No tienen, afortunadamente, la suma del poder público. El proyecto de gobierno del presidente López Obrador no representa a todo México: es, como en toda democracia, una parte más de una suma de proyectos distintos y hasta antagónicos, que se van imponiendo de acuerdo al respaldo político y social que obtienen a lo largo del tiempo. Cuando la ciudadanía quiere cambiar, hay alternancia, eso le sucedió al PRI, al PAN y alguna vez le sucederá a Morena. En ninguna democracia se imponen los proyectos en su totalidad y para siempre porque nunca hay ni la unanimidad necesaria como para hacerlo ni se pueden imponer las leyes para lograrlo. Se llama equilibrio de poderes.

• El presidente López Obrador fue un legítimo ganador en 2018. Lo apoyó poco más de la mitad de los electores (un poco menos a su partido en el Congreso), pero eso implica, también, que otra mitad de la población no lo apoyó. Dividir a los mexicanos entre los patriotas que lo apoyan y los traidores a la patria que se oponen a sus políticas es lo que explica, entre otras muchas cosas, que The Economist (el semanario más influyente del mundo) haya dejado de calificar a México como una democracia para colocarnos en el triste estamento de los regímenes híbridos, con formas democráticas y prácticas de gobierno autoritarias. No sé hasta dónde se quiere llevar esta escalada, pero ninguno de los horizontes que se vislumbran generan optimismo.