Prohibir el fentanilo no es solución

Prohibir el fentanilo no es la solución para el tráfico de este producto hacia Estados Unidos, tampoco para frenar su consumo ilegal. La declaración presidencial de ayer está bien intencionada, pero no es una solución, al contrario.

El fentanilo no debe entenderse sólo como una droga de consumo ilegal, ya que es un medicamento ampliamente utilizado en todo el mundo para atender dolores agudos y, sobre todo, como anestésico en cirugías mayores y posoperatorios. Cualquiera que haya sufrido una cirugía importante ha recibido fentanilo para evitar dolores mayores: se pude utilizar inyectado, como píldoras o como parche contra el dolor. El fentanilo legal es ampliamente utilizado en México y en el mundo, y se debe administrar bajo estricto control. El ilegal es el que llega como materia prima desde otros países, particularmente de China, y en México (y en otros países, como en Canadá) es fraccionado, convertido, sobre todo, en píldoras, y comercializado ilegalmente en EU, y cada vez más dentro de nuestro país.

Ese fentanilo ilegal, que fabrican los cárteles, dentro y fuera de México, es el que provoca hoy las muertes por sobredosis en la Unión Americana. La crisis de los opiáceos se originó en la venta indiscriminada de medicinas para el dolor, pero en la medida en que Estados Unidos las ha puesto bajo control, los adictos recurren cada vez más al fentanilo ilegal, de mayor potencia y más barato. El fentanilo ilegal se vende en polvo, spray y, además, se está mezclando con otras drogas, lo que lo hace mucho más peligroso y letal.

Muchas otras medicinas que pueden ser de riesgo se utilizan en el sistema de salud cotidianamente. Una de ellas es la morfina, pero el fentanilo la está reemplazando porque suele ser mucho más eficaz para el tratamiento del dolor y más barato. Lo que hay que atacar es el mercado ilegal de fentanilo y para eso se requiere una estricta separación del mismo respecto al mercado legal. Y eso no pasa por la prohibición, sino por los sistemas de seguimiento y regulación.

Por ejemplo: una ampolla de fentanilo legal le cuesta al sistema de salud, público o privado, unos 60 pesos. Es una medicina barata y que se produce en laboratorios. Pero esa misma ampolla (que no es estrictamente el mismo tipo de producto que se utiliza para la fabricación de la mayoría del fentanilo ilegal) en el mercado negro se puede vender en varios miles de pesos, treinta o más veces que su valor real. Un kilo de fentanilo puro, como el que se usa en el narcotráfico, genera ganancias mucho mayores aún, de hasta 40 millones de dólares por kilo, porque apenas se necesita un miligramo o máximo dos —luego es letal— para la fabricación de las pastillas que trafica el crimen organizado.

Sustraer fentanilo legal para venderlo en el mercado negro es una práctica extendida porque, salvo en contadas instituciones hospitalarias privadas, el control sobre estos productos tiene vacíos operativos y legales importantes. Uno de los problemas es que no se invierte lo suficiente en el control de la seguridad y el seguimiento del producto.

Como decíamos, el fentanilo es una medicina de, relativamente, bajo costo. Pero como es un producto cuyo manejo implica riesgos, debería invertirse mucho más en un seguimiento y control estricto de su utilización. Recurriendo, por ejemplo, a la receta electrónica, con mecanismos que impidan que se puedan manipular productos o robarlos, incluso con cámaras, además del control riguroso de su depósito y utilización.

El ejemplo de lo sucedido con los casos de meningitis en Durango es una demostración de cómo el mal uso realizado por tres hospitales y algunos profesionales de la salud provocó una crisis sanitaria en cadena, con decenas de contagiados y muertos que perfectamente se podrían haber evitado con un control exhaustivo de la utilización de anestésicos. Quienes cumplieron esas normas en Durango no tuvieron problema alguno.

Ese tipo de controles es verdad que incrementarían parcialmente el costo del fentanilo y de otros productos de riesgo, pero sus precios de producción son tan bajos que esos costos podrían absorberse por el propio sistema y terminarían garantizando su seguridad, evitarían que llegaran al mercado negro, ilegal, y se ahorraría el costo que provoca el robo o el uso fuera de parámetros de esas drogas y medicinas que, insistimos, son imprescindibles para los tratamientos médicos y quirúrgicos. Y existen hoy las formas, los mecanismos y las plataformas para hacerlo.

Hace algunos años, cuando se pusieron de moda las drogas sintéticas (recuerde usted el caso de Zhenli Ye Gon), se terminó prohibiendo en México la efedrina y la pseudoefedrina, aun con receta. No se solucionó en absoluto el problema: esos productos se venden legalmente hoy en muchos países con o sin receta y el crimen organizado en México lo sigue utilizando (sus sucedáneos o precursores) para la fabricación de drogas sintéticas. Lo importan ilegalmente y lo trafican. La diferencia es que muchos pacientes, desde los que sufren una fuerte gripe hasta dolencias mucho más delicadas, no pueden obtenerlo en México. Con el fentanilo pasaría lo mismo, pero en casos mucho más graves, desde ciertas intervenciones quirúrgicas hasta el dolor provocado por el cáncer.

La drástica separación entre mercado legal e ilegal, el seguimiento y el control, la adopción de estrictas medidas en las aduanas, sumado a las políticas de seguridad directa, son los instrumentos para frenar el tráfico de fentanilo ilegal.