El principio del fin

La hija de la pareja de Federico, Alejandra Cuevas, está detenida desde hace meses acusada de ese delito, a pesar de que ya varios tribunales la han amparado, antes y después de que Alejandro asumiera la Fiscalía. La diferencia es que desde entonces un juez de control decidió encarcelar preventivamente a Alejandra Cuevas. Su hermana, Laura es, por cierto, la suegra del gobernador Alfredo del Mazo, quien no se ha involucrado públicamente en el caso, pero sin duda su relación con el fiscal está rota.

El caso fue atraído por la Suprema Corte que lo tratará el próximo día 14. Ayer, el caso Collado, donde están puestos todos los esfuerzos de la FGR, se postergó hasta el 7 de abril. Y la siguiente semana se acabará con la aventura del caso Lozoya que nunca pudo demostrar en sus acusaciones contra 79 personas sobre corrupción, compra de campañas y aprobación de leyes para ganar su libertad. El corrupto es Lozoya, no sus acusados.

Según se ha divulgado en la famosa llamada de Gertz y el fiscal Juan Ramos, un hombre de su confianza que ha llevado todos los casos importantes de la Fiscalía, la propuesta del ministro Alberto Pérez Dayán dejaría en los hechos en libertad a la señora Cuevas y la fiscalía de la ciudad de México (que tampoco vio con buenos ojos ese proceso y esas detenciones) la dejaría en libertad.

No son los únicos casos: están los relacionados con el Conacyt con las acusaciones por delincuencia organizada contra un grupo de científicos en una denuncia que tuvo la complicidad de la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla. Los científicos han contrademandado al fiscal. Está el caso de la Universidad de las Américas de Puebla, que ha terminado también en la Corte.

La llamada filtrada también deja muy mal la relación del fiscal con la Suprema Corte. Se suman en esa plática todo tipo de inferencias, desde tener en sus manos el proyecto de Pérez Dayán (que éste asegura que no entregó al fiscal), hasta la forma peyorativa en que se habla de los ministros y del propio ministro presidente Arturo Zaldívar; la afirmación de que se controla desde la FGR a tres o cuatro ministros; se marcan distancia con la Fiscalía capitalina, pero, sobre todo queda claro que en un caso particular que lo involucra en forma personalísima, la Fiscalía está trabajado para el propio fiscal. La Corte ha quedado muy mal parada con esta divulgación, sólo con sus decisiones podrá borrar esa imagen.

Ayer, el presidente López Obrador trató de desviar el tema diciendo que sus opositores han gastado millones de dólares en comprar equipos para interceptar llamadas de sus funcionarios, aunque aceptó que no podía demostrarlo.

Pero hay un punto adicional: no me imagino que en la FGR a esos niveles se hable por teléfonos comerciales, se hace por líneas encriptadas o por la red de la que gozan los altos funcionarios para comunicarse entre sí. Sólo un par de instancias gubernamentales de altísimo nivel estarían en condiciones de interceptar y controlar esas llamadas. Y el hecho es que desde que el fiscal emprendió su guerra particular contra el exconsejero jurídico Julio Scherer (desde la Fiscalía se asegura que Scherer apoyó a la familia del hermano del fiscal, lo cual es falso, o que el propio exconsejero aspiraba a ser su reemplazante, lo que no es más que una especulación) son varios los funcionarios de alto nivel del gobierno federal que han trabajado en forma muy cercana todos estos años con Scherer en temas extremadamente delicados, que han expresado al propio presidente López Obrador su molestia por el proceder del fiscal en este y otros casos. Algo similar sucedió con Santiago Nieto, aunque allí la FGR no fincó responsabilidades.

El fiscal está enfrentado también con buena parte de los senadores. Ayer, el líder del Senado, Ricardo Monreal, que tenía marcadas diferencias con Gertz, desde que se intentó pasar un proyecto de reforma judicial que se frenó en la cámara alta, anunció que en estos días llamará a comparecer al fiscal ante el pleno del Senado. Un importante grupo de senadores ya desde diciembre pasado habían expresado su preocupación por lo que sucedía en la fiscalía al propio presidente López Obrador. Casualmente, días después,
fue detenido con una acusación inverosímil el secretario ejecutivo de la Junta de Coordinación Política del Senado, Juan Manuel de la Madrid Virgen. El caso terminará, también, en la Corte.

El Senado es la única instancia que puede designar o destituir a un fiscal general: su cita a comparecer será entre la decisión de la Corte del 14 de marzo sobre el caso de Alejandra Cuevas y la audiencia del caso Collado el 7 de abril. Y en medio se hundirá el caso Lozoya.