El colapso fronterizo

El presidente Joe Biden dice que, a partir de hoy, con el fin del Título 42 y la implementación del llamado Título 8 para temas migratorios, “por un tiempo” podría haber una situación “caótica” en su frontera sur y, evidentemente, en nuestra frontera norte, aunque los orígenes de la crisis están también en la sur.

Ante la llegada, conservadoramente estimada en 15 mil solicitantes de asilo y refugio a la frontera norte de México cada día, intentando ingresar a Estados Unidos, el secretario del Homeland Security, Alejandro Mayorkas, ha anunciado que lo que se hará será aumentar el personal, tanto de la patrulla fronteriza como de la reserva militar; cumplir con la legislación mucho más dura para ingresar en esas condiciones a Estados Unidos; implementar más vuelos de regreso de migrantes expulsados y tratar de reducir los tiempos de trámites en la frontera. La Unión Americana otorgará unas mil solicitudes diarias, pero llegarán cada día unas 15 mil personas, que se sumarán a las que serán expulsadas cada día.

La respuesta de México ha sido, como debe ser, colaborar con Estados Unidos y enviará, dice, hasta 24 mil elementos de la Guardia Nacional a las fronteras para tratar de controlar la situación. Obviamente, serán necesarios. Pero de ninguno de los dos lados de la frontera eso puede considerarse una política migratoria seria, ni siquiera un paliativo para la realidad. Ante un drama social de esa magnitud, acrecentar la presencia militar y policial nunca es una solución.

Ya se ha hablado mucho de por qué Estados Unidos está en esta coyuntura, pero miremos hacia México, más allá de la necesaria cooperación con Estados Unidos. La política que estamos siguiendo es vergonzosa, sobre todo comparándola con la posición histórica de México ante el asilo y el refugio.

Estoy de acuerdo, lo hemos dicho muchas veces, que todo país debe tener control sobre sus fronteras y sobre la entrada y salida de personas. Y que estamos ante un flujo migratorio inaudito. Pero dejando eso asentado, no podemos ignorar que, como pasó con el covid-19, lo que se está haciendo es dejar a la gente, a los migrantes y a los pobladores de las ciudades donde éstos llegan, simplemente a su suerte. De la misma forma en que durante la pandemia no hubo apoyos a empresas y trabajadores, se habló de detentes y rechazo a las mascarillas más que de prevención, en esta crisis tampoco hay apoyo alguno para los migrantes, tratados casi como ganado y, sobre todo, para las comunidades que se ven arrolladas por miles de personas en situación límite que llegan sin control alguno donde no hay la  capacidad de que reciban atención.

Tenemos experiencia en cómo tratar flujos importantes de migrantes. Cuando comenzaba a reportear, por ejemplo, me tocó conocer los campamentos de refugiados guatemaltecos que se asentaron en la frontera sur para huir de la brutal represión de los kaibiles. No había comodidad alguna para los miles que allí se fueron a refugiar para salvar la vida, pero había, por lo menos, dignidad, organización de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), había alimentos, un lugar donde dormir, aunque fuera debajo de una carpa, y protección del Estado, incluso ante las incursiones que a veces hacían los kaibiles. No hablemos —fue un fenómeno diferente— del enorme apoyo que dio México a los refugiados españoles, chilenos, argentinos, uruguayos, nicaragüenses, salvadoreños, en aquellos años, parte de los mejores capítulos de nuestra política exterior.

Hoy nada de eso existe. En su camino, los migrantes son explotados por el crimen organizado, que controla sus traslados y son contadas las redes que han sido desarticuladas. En ese camino algunos mueren, otros desaparecen, son secuestrados, violados, extorsionados. Cuando llegan primero a la frontera sur o a la frontera norte, si tienen suerte, terminan hacinados en lugares sencillamente indignos, como lo pudimos comprobar en el centro de detención de Juárez, donde murieron 40 migrantes.

No hay recursos destinados a tratar de establecer condiciones dignas donde puedan estar los migrantes y no hay recursos, porque no hay política alguna para atenderlos. Y, obviamente, no existe una infraestructura mínima para que puedan estar, comer, dormir, mientras se resuelve su situación.

El problema es mucho mayor porque tampoco se les dan recursos y apoyos a los municipios fronterizos a donde llegan los migrantes. Hay más de 30 pueblos o ciudades con pasos fronterizos en el norte del país y allí no ha llegado un peso para atender a esos 15 mil migrantes que llegan cada día. Las comunidades de esos pueblos y ciudades están también viviendo al límite, son espacios ocupados por personas desesperadas que no tienen solución a sus problemas y que tampoco cuentan con refugio y apoyo alguno, más de los que le pueda dar la propia comunidad local que, salvo excepciones, ya no quiere hacerlo a su propio costo y por periodos prolongados.

Lo que vamos a ver más temprano que tarde son reacciones sociales terribles que cualquier gobierno debería tratar de evitar. Pero sin recursos, programas, infraestructura y voluntad no se podrá evitar la violencia. Tampoco sólo concentrando soldados y policías.

El gobierno federal ha dicho que no quiere apoyo económico de Estados Unidos para atender la situación, como recibe, por ejemplo, Turquía de la Unión Europea. Es discutible, pero acordemos que está bien. Pero entonces debe haber políticas, infraestructura y, obviamente, recursos, para hacerse cargo internamente de una crisis que, en el corto tiempo, se puede convertir en un colapso.