Delitos fiscales y propiedades: de El Mayo al causante cautivo

Han pasado los años y José Luis falleció en ese extraño accidente de avión donde murió también el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño (¿cómo no recordar que en el reciente juicio contra El Chapo Guzmán, en Estados Unidos, uno de los jefes de sicarios del narcotraficante aseguró que siempre quisieron matar a Santiago Vasconcelos porque no aceptaba tratos con ellos?). Aquellas propiedades fueron regresadas, por mandato judicial, a una de las esposas de El Mayo Zambada y siguen, hasta hoy, bajo su propiedad, aunque ella y sus hijas han sido declaradas personas de interés, reportadas en la lista Kipling por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Años atrás, cuando Ignacio Morales Lechuga era procurador general de la República, me había mostrado una larga lista de bienes y propiedades de Rafael Caro Quintero, detenido desde 1985, que le habían sido regresados a su familia por mandato judicial, porque no había forma de que se aplicara lo que ahora conocemos como la extinción de dominio. Los Caro Quintero, también en la lista Kipling, como los Zambada y muchos otros, han conservado la mayoría de esos bienes.

Hay dos iniciativas que, de alguna forma, tratan de evitar que ese tipo de propiedades sean intocables por las autoridades. Son dos iniciativas bien intencionadas, pero que generan un justificado temor porque pueden ser utilizadas de forma discrecional. Se trata de la iniciativa de extinción de dominio y la que establece la evasión fiscal y la emisión de facturas falsas como delitos equiparables al crimen organizado, con prisión preventiva ineludible.

Buscar formas legales para la extinción de dominio y los mecanismos de falsificación de facturas o de apropiación de bienes, uno de los métodos de operación de la delincuencia organizada, es una necesidad del Estado. Pero las iniciativas que están hoy en la Cámara de Diputados sobre extinción de dominio y de delincuencia organizada para la compra o venta de facturas falsas están mal planteadas, no tienen límites y terminan afectando más a cualquier simple contribuyente que a los delincuentes organizados. El tema es la discrecionalidad y, en ese sentido, no alcanza la promesa de que se utilizará la ley con cuidado y en casos muy específicos, porque, aunque se crea que así actuarán las actuales autoridades, esas normas quedan en la ley y el día de mañana, cuando cambien las autoridades o las circunstancias, pueden ser utilizadas de las formas más injustas imaginables.

Cualquiera puede ser acusado, justa o injustamente, de emitir o utilizar una factura falsa en su declaración fiscal y esa acusación se convierte, en automático, en un delito grave, de delincuencia organizada. Inmediatamente, por la simple acusación, podría recibir prisión preventiva, podría entrar en automático la ley de extinción de dominio y sus propiedades ser confiscadas y vendidas por el Estado, que tampoco necesitaría un veredicto de culpabilidad para imponerla. Más tarde, viene el juicio y esa persona puede ser declarada inocente o culpable de haber cometido un delito menor, pero ya estuvo en prisión todo el tiempo que duró el juicio, perdió sus propiedades y simplemente es resarcido con el costo de lo que el Estado vendió o enajenó sus propiedades.

Como ya hemos señalado en otra oportunidad, en el propio Poder Judicial federal la idea de criminalizar con prisión y declarar crimen organizado los delitos fiscales no sienta nada bien, y esas normas pueden terminar siendo declaradas inconstitucionales, de forma tal que se perderán por los excesos de la iniciativa, las posibilidades de contar con nuevos instrumentos legales para combatir eficientemente el crimen organizado.

La Cámara de Diputados tiene aún la oportunidad de poner límites, acotar las normas, establecer procedimientos estrictos. La distancia que va de un Mayo Zambada o Caro Quintero a un empresario, un causante cautivo cualquiera, es demasiado grande como para, simplemente, dejarla legalmente de lado.