Maduro elige a México como enemigo

No había terminado la consulta realizada por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela para acabar con el sistema parlamentario y con la oposición a través de una reforma constitucional a modo, cuando ya se contabilizaban cuatro muertos. Tiene razón Vicente Fox cuando dice que en Venezuela el gobierno prepara una masacre contra la oposición, sobre todo si, como parece suceder, la consulta es un fracaso.

El gobierno de Maduro no concede nada y cada día endurece más su posición: más de cien muertos en cien días consecutivos de protestas, paros generales y repudio internacional no lo han hecho retroceder ni un paso: no importa que Venezuela se esté hundiendo política, social y económicamente y que el 89 por ciento de la población viva hoy, en lo que fue uno de los países más prósperos de América, por debajo del nivel mínimo de pobreza. No habrá concesión alguna y, como ha dicho el propio Maduro, sólo serán separados del poder por las armas.

Eso es lo que quieren: una rebelión cada vez más violenta. El enorme mérito de la oposición venezolana es que pese a la represión del régimen, a su cerrazón, a la violencia con que actúa contra todas y cada una de sus manifestaciones, pese a que mantiene a cientos de presos políticos sin justificación legal alguna, esa oposición se ha resistido a incurrir en la violencia extrema. En muchas naciones ya estarían operando comandos armados o guerrillas, o las manifestaciones estarían envueltas en una violencia irracional: a eso lleva la desesperación y la falta de esperanzas. Es la excusa que quiere tener el régimen para apelar a la represión extrema.

Por eso la presión interna y externa debe ser tan firme. Para evitar que Maduro perpetre una matanza contra su propio pueblo. Hay quienes cuestionan que México y Colombia se hayan unido con Estados Unidos en las sanciones contra funcionarios del régimen, porque no está en la tradición diplomática de México. No es verdad: México ha llegado hasta a romper relaciones diplomáticas con dictaduras, como el Chile de Pinochet, o las ha dejado al mínimo indispensable, como ocurrió con la dictadura militar de Argentina entre 1976 y 1983, y con las centroamericanas durante años. A principios de los 80, incluso se firmó la declaración franco-mexicana que reconocía como parte beligerante en El Salvador, al Frente Farabundo Martí, una decisión que fue clave para que años más tarde, también en México, se firmaran los acuerdos de paz entre el Frente y el gobierno.

Ante la ola populista que se estaba produciendo en América Latina, México no podía aislarse casi por completo. Con la Venezuela de Chávez se intentó acercar posiciones a pesar de que el extinto gobernante había tenido innumerables gestos en contra de México (expropiación de empresas mexicanas como Femsa y Cemex; apoyo apenas encubierto en el 2006 a la candidatura de López Obrador; el envío incluso de una hija de Chávez, portando identidad falsa, para apoyar esa candidatura; agravios públicos de todo tipo; relación de personajes del poder venezolano con el narcotráfico mexicano), pero ello coincidió con la enfermedad de Chávez, su muerte y la llegada al poder de Maduro, un hombre torpe, ignorante, que tiene todos los defectos, aumentados geométricamente, de Chávez y ninguna de sus virtudes.

Las sanciones que se han impuesto son correctas. No se debe castigar aún más al pueblo venezolano con sanciones económicas que agraven su situación y den una coartada al régimen para seguir reprimiendo. Se debe, como se hizo, golpear en los bolsillos de un grupo de poder corrupto que se ha enriquecido en la misma medida en que ha aumentado la represión y tratado de acabar con toda oposición. El gobierno de Maduro no está unido por la ideología, sino por la corrupción; qué mejor ejemplo que los hijos de Maduro que se alojaron, en plena crisis, durante 18 días en el Ritz de Madrid, pagando cuentas millonarias.

¿Quiénes son los sancionados? Trece personajes del régimen. El director de la campaña para la Constituyente, Elías Jaua; la exministra de prisiones, Iris Varela; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, y el “defensor del pueblo”, Tarek William Saab. Cinco funcionarios “responsables de la represión y la violencia”: el ministro del Interior, Néstor Luis Reverol (acusado también de tráfico de cocaína); el director de la Policía Nacional, Carlos Pérez Ampueda; el comandante de la Guardia Nacional, Sergio Rivero Marcano; el comandante de las Fuerzas Armadas, Jesús Suárez Chourio, y el exdirector de la Policía Nacional, Franklin García Duque. En la lista de sancionados también están incluidos el presidente del Centro de Comercio Exterior, Rocco Albisinni Serrano; el viceministro para Europa, Alejandro Fleming; el vicepresidente de finanzas de PDVSA, Simón Zerpa Delgado y el extesorero de la nación, Carlos Erick Malpica, responsables de las operaciones de lavado de dinero.

La movilización popular en Venezuela, además de la presión nacional e internacional, tendría que ir acompañada por la ruptura con el régimen, por convicción o conveniencia, de antiguos chavistas, también desplazados hoy por Maduro, y por militares que no acepten reprimir a su pueblo. Para eso sirven estas sanciones.