¿Siervos?

En qué momento de nuestra traumática historia nacional los mexicanos renunciamos a tener el control de nuestro futuro, bienestar y seguridad. Cuál fue el acto de rendición o, a cambio de qué, pusimos en las manos de otros la dirección de nuestra vida nacional.

Asumimos aún esa “visión de los vencidos”, como lo documenta Miguel León Portilla, o la “moral de siervo”, como lo subrayaba Octavio Paz. Estas respetuosas preguntas son vitales porque los mexicanos nos “resignamos” a tener malos y corruptos gobernantes, “porque así son todos” o porque “no hay remedio”.

¿Somos personas que renunciamos a México y lo hemos hecho en el nombre de nuestros hijos?

Lamentablemente, estimada y estimado lector, somos nosotros los culpables de que a México le vaya mal. Votamos como si fuera un acto de constricción y esperamos el milagro.

Si lo invitan a jugar un partido de futbol en el que no hay árbitro, obvio que no aceptaría. ¿Quién va a desempeñar ese papel imparcial, uno de los contendientes? ¿El que encabeza el equipo que miente diciendo que puso dinero para salvarle la vida con las vacunas, cuando usted las pagó, o que ofrece dinero meses antes de las elecciones, o que reparte despensas con el nombre de un candidato que ha hecho de un Estado un negocio familiar?

El llamado Pacto Democrático, convocado por el gobierno de Morena, dejando fuera al árbitro de los mexicanos, el INE, debe tomarse con reservas.

En este sexenio, la palabra “juez” es lo que la democracia representaba para el régimen autoritario de los 70, una amenaza. Morena lo reconstruye.

Si se quiere construir un pacto para “cumplir la ley” —otra vez, la partidocracia deja fuera a los ciudadanos—, debemos pedir, al menos, tres requisitos para que sea real.

Primero, que el titular del Ejecutivo federal se comprometa públicamente a suspender sus giras en el proceso electoral, al igual que la porción de su conferencia mañanera en la que se refiere a programas sociales.

Segundo, que se incluyan al INE y a la sociedad civil organizada en el pacto.

Tercero, que se promueva una plataforma pública en la que sociedad civil y medios de comunicación visibilicen probables actos de corrupción en campañas, como compra de votos y uso de programas públicos, etcétera.

La alianza debe ser en torno al INE —que subió al cuarto lugar como institución más confiable, según Inegi—, no al gobierno de Morena. Los mexicanos debemos empoderarnos y tomar el control de nuestra democracia, cuya valoración también subió. Si funciona, refrendemos, y si no, sancionemos votando.

Un alumno me preguntaba si es común que los actos de gobierno sean tan impugnados como los de esta administración. Su pregunta es relevante porque lleva a una respuesta de sentido común.

Las autoridades promueven una narrativa enfocada en el cambio de políticas que, a su juicio, deben ser profundamente transformadas. Sin duda las hay.

Pero si las propuestas de reformas son contrarias a la Constitución, los tratados internacionales y las leyes, entonces hay un problema de congruencia e inevitable sospecha.

Si el cambio es para el bien de los mexicanos, por qué no guiarse por la Constitución, a menos que las intenciones sean contrarias al interés colectivo.

Hay guardianes de la Constitución y de nuestros derechos: son los juzgadores federales y la Suprema Corte, quienes nos advierten cuando una acción de gobierno pasa ese límite; nos protegen. Por qué atacarlos y tratar de desaparecer su independencia. Acaso, ¿se pretende lo indebido contra nuestros derechos?

Morena está en crisis, conteniendo las decisiones de su gobierno que afectan el futuro del país. Enumero:

El gobierno de EU evidenció que los cárteles controlan entre el 30% o el 35% del territorio. Lo sabemos, pero la tolerancia de Morena al narco, como la liberación de un heredero, lo ha incentivado. ¿Qué país dejará esta administración?

Se violan los acuerdos comerciales, incluidos los climáticos. Morena va en contra del mundo y esa factura la pagarán las futuras generaciones.

Los feminicidios son el gran fracaso, mientras el presidente impone la candidatura de Félix Salgado que, al menos, el INE frenó.

En el ensayo Todo por la razón y el derecho, los académicos Sergio López Ayllón, Saúl López y Javier Martín Reyes concluyen que Morena recurre al uso de decretos “como una manera —muy burda, por cierto— de evadir los límites que imponen la Constitución y las leyes”.

Hay visos de que Morena quiere meter las manos en las elecciones. Cuidado, los mexicanos, según el Inegi, piden un gobierno de todos, no de uno, y la permanencia del INE cuidando la democracia, no el gobierno.