Nosotras tenemos otros datos

Los gobiernos suelen recurrir a la negación pública de omisiones, errores, corrupción, conflictos o incapacidad con la negación de los hechos. Para ello crean narrativas conspiracionistas y les viene muy bien, de vez en cuando, el estallido de un evento gravísimo “que les cae como anillo al dedo”.

Deslegitiman al actor, a quien convierten en contrincante, revelan intereses ocultos, generan una conversación confusa y, después se salen del conflicto.

Así operaron las autoridades para minimizar la crisis de derechos humanos que enfrenta México por los altos niveles de feminicidios. Antes de la epidemia del coronavirus se buscó deslegitimar el llamado de las mujeres a marchar y protestar a través del Un día sin ellas.

Primero les dijeron que eran víctimas de manipulación de los grupos de derecha. La marcha y la insensibilidad fue noticia mundial. Y se nos vino encima el confinamiento que, no se necesitaba mucha ciencia para predecirlo, agudizó la violencia de género.

La respuesta fue negar y resaltar los valores de la familia mexicana, esperando que su modelo no sea el del siglo XIX. Este discurso generó innumerables cuestionamientos; uno de ellos, central, sobre si el gabinete no tiene influencia en el Presidente.

Las experiencias recabadas y algunas a las que el que escribe ha tenido acceso, permiten plantear la siguiente hipótesis. El gabinete no tiene ninguna influencia en el ejercicio del gobierno. No importa quién esté en tal o cual dependencia. Quien toma las decisiones es una sola voluntad. Por eso no hay políticas públicas, por eso los discursos se mandan como iniciativas de ley o se publican en el Diario Oficial.

Pueden, con toda legitimidad, decir que me equivoco en mi apreciación, porque el caso del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, es el ejemplo que me desmiente.

En mi favor diré que el funcionario, segundo al mando en la dependencia, anunció que se evaluaría la pertinencia de reiniciar las giras de trabajo. Pero al final, diga lo que se diga, de acuerdo con versiones recabadas, el ciudadano Presidente tomó su decisión.

Y así ha habido otros casos de funcionarias públicas con una probada trayectoria que advirtieron con anticipación el aumento de la violencia contra las mujeres. En una conferencia mañanera se negó la severidad del problema y se mandó a hacer una campaña que ya tocamos en la entrega pasada. ¿Alguna de estas funcionarias la apoyó públicamente?

A la pregunta de si las autoridades se equivocaron al minimizar los casos de feminicidios, la respuesta no es sólo sí, sino que Morena perdió ese sector.

Porque sin duda las funcionarias públicas de las diversas dependencias hubieran reaccionado de una manera distinta, empática. Pero eso no ocurrió porque quien toma las decisiones es el único que gobierna.

Se preguntará la lectora y el lector del por qué tratar el mismo tema de la semana pasada. Y le explico que no debemos dejar que los asesinatos de mujeres pasen a segundo plano. El gobierno debe enfrentar este desafío y responder a las y los mexicanos con acciones.

En un artículo de Isabel Cholbi, en el Berkeley Political Review, hace un contraste al decir que mientras las mujeres en Estados Unidos marchan por la representación e igualdad en el salario, en México se protesta por las deficiencias en el marco legal para investigar los asesinatos de sus hijas.

Subraya que México es un ejemplo de que el Estado no puede ser juez y parte en esta epidemia de feminicidios. “Cuando las autoridades no son sujetas de escrutinio por actores externos, no tienen incentivos para esforzarse en el cumplimiento de sus propias decisiones, en otras palabras, miran para otro lado”.

Nada mejor explicado por la ausencia real del contrapeso en el Congreso, porque al ser Morena mayoría, no actúa como un movimiento que vela por la integridad y la vida de las mujeres y niñas, sino como un cuerpo encubridor del gobierno. 

Cholb insiste en que es necesario que exista un tercer sector que funcione como contrapeso y no como cómplice y ése es el papel de la sociedad civil y los juzgadores del Poder Judicial de la Federación.

Es de celebrar, como lo reseñó Excélsior, el que organizaciones y colectivos feministas, legisladoras, activistas y artistas conformaran la plataforma Nosotras tenemos otros datos, para informar cada lunes las cifras de las violencias contra las mujeres, el gasto federal y las políticas públicas.

Entre el 16 de marzo al 30 de abril se cometieron 405 feminicidios en el país, que es más del doble reportado por el gobierno. Por Diana Raygoza y Anel Bueno, por todas.