Las dudas de Biden

Sin duda, lector, lectora, distraerlo con algo tan fútil no es deseable si no fuera por las graves implicaciones que tiene para la relación con la administración Biden y la próxima visita de la vicepresidenta Kamala Harris a México.

Que el diputado Fernández Noroña (PT), aliado de Morena, argumente que Joe Biden financia el derrocamiento del actual gobierno, sin que exista una nota de mesura por parte de Palacio o sus dependencias, es convalidarlo.

Se hace justo cuando la cancillería mexicana negocia con ese país la compra de lotes de vacunas y cuando se han iniciado las reuniones para dar normalidad comercial al T-MEC, pero también cuando se recibirá a la vicepresidenta en próximas semanas.

Es una irresponsabilidad, reitero. Nadie ha visto señales de que las Fuerzas Armadas desafían a la autoridad presidencial.

Qué ganas de hacer tropezar y exhibir al gobierno a nivel internacional. Acusar a un gobierno de provocar un golpe de Estado no son frases sin consecuencias.

Si se expresaron para causar un efecto de alarma en el electorado porque Morena, como lo muestran sus encuestas internas, a algunas de las cuales este espacio ha tenido acceso, está viendo bajar su presencia; sin duda tendrá consecuencias adversas.

Hablar de un fraude electoral es igualmente irresponsable y de eso los mexicanos sabemos muy bien. Pero cuando desde el gobierno se acusa de golpistas a quienes, a través de la promoción del voto, buscan que no se refrende la actuación de Morena, a eso se le llama, ni más ni menos que democracia.

Podríamos refrasearlo así: “Todos los que promueven que los ciudadanos voten en contra de Morena, recurriendo a los mecanismos y a las instituciones democráticas, son golpistas”. Eso es lo que se quiere transmitir.

En una entrega anterior planteábamos las oportunidades económicas que México puede perder con Europa por la incertidumbre jurídica que ha producido.

Y, en esa línea, Estados Unidos tiene muy claro quién es su vecino del sur y el riesgo que representa para su futuro económico y, paradójicamente, el de nosotros también.

Incertidumbre, inseguridad, informalidad y corrupción son el alto costo de hacer negocio con México, de acuerdo con un diagnóstico del Departamento de Estado a finales de 2020.

Desde entonces previó la ruta de la centralización para crear el monopolio de Estado en torno a Pemex y la CFE, regulando el sector y cerrando oportunidades a sus inversiones y provocando demandas judiciales internas y ante cortes externas.

El diagnóstico visualizaba “expropiaciones indirectas” como una probable forma de actuación, pero, de igual manera, advierte que éstas están previstas en el T-MEC, por lo que las demandas ante los paneles arbitrales deberá ser la ruta a seguir para defender sus inversiones.

Ésa es la base de la argumentación que sustentó la representante comercial de Estados Unidos, la embajadora Katherine Tai, ante la secretaria de Economía de México, Tatiana Clouthier, en la reciente reunión virtual.

Ella llama a cumplir los acuerdos comerciales (T-MEC) y garantizar “una política energética que respete la inversión estadunidense y sea coherente con los esfuerzos para abordar el cambio climático, y mejores esfuerzos para facilitar el comercio”.

En este espacio hemos comentado que el anticonstitucionalismo de Morena lo ha colocado en la ruta de innumerables disputas comerciales.

Además del conflicto doméstico, Morena se topará con una gran pared que representa la comunidad mundial.