Entregar el mallete

En los últimos dos años, el Poder Judicial federal ha vivido una oleada de hostilidad desde el Ejecutivo y algunos sectores de Morena con una intensidad nunca vista desde la reforma zedillista que lo dotó de independencia.

Las acusaciones de parcialidad en contra de las personas juzgadoras federales son, hasta cierto grado, frecuentes, no deseables, ciertamente, en todas las democracias; pero deben prender las alarmas de los mexicanos cuando se pretende abrir una ruta de reformas con una mayoría desventajosa de Morena, cuyo líder máximo reclama lealtad ciega.

Quizá no se alcance a ver el tamaño del precipicio al que podemos acercarnos si no prestamos atención a lo que implica ceder a esa tentación de entregarle el mallete a quienes sólo tienen como aspiración la continuidad de un proyecto político.

En 2006 se publicó en Estados Unidos un libro llamado Hombres de negro: cómo la Suprema Corte está destruyendo América, de la autoría de Mark Levin, que, en esencia, acusaba a la judicatura de ese país de incurrir en un activismo judicial, es decir, de no interpretar la ley, sino de imponer sus prejuicios personales a la sociedad.

De acuerdo con Kermit Roosevelt III, estudioso del derecho estadunidense, George W. Bush, al proponer como juez de la Suprema Corte a John Roberts, en 2005, habría dicho que éste “aplicará estrictamente la Constitución y las leyes, y no legislará desde su silla”.

En México, en cambio, se cruza la línea para denostar a los juzgadores, acusarlos, sin pruebas, de corrupción, exhibir su nombre cuando resuelven en contra de los intereses del gobierno —pero a favor de la Constitución— y se les pide ser sensibles al sentimiento del “pueblo”, lo que, en los hechos, debe traducirse como traicionar el principio esencial de la justicia.

Las acusaciones de corrupción generalizada no tienen sustento alguno. De acuerdo con el Estudio sobre la percepción de la calidad de los servicios que prestan los tribunales de Circuito, los juzgados de Distrito y los Centros de Justicia Federal, aplicado por el Consejo de la Judicatura Federal de 2015 a 2019, los usuarios de la justicia federal calificaron con 9.7%, en una escala de 1-10, la calidad de los servicios que se les prestó.

Con base en un análisis de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, se aplicaron en esos cinco años 66 mil 429 encuestas en 3 mil 150 juzgados de Distrito, tribunales de Circuito y Centro de Justicia Penal Federal. El público objetivo fueron los usuarios: abogados, personal relacionado con despachos y ciudadanos.

Las preguntas buscaban conocer sobre el trato recibido; los conocimientos del personal; el tiempo de atención; la información que se brindó; si hubo discriminación o insinuación de pago de favores (corrupción); la confianza que generó el personal, la imagen y organización de los órganos jurisdiccionales y la percepción general de calidad.

Los resultados más notorios fueron: insinuación de pagos o favores por parte del personal del 2.72%, que refleja, en términos generales, que en los juzgados y tribunales federales no existe una percepción generalizada de corrupción; organización e imagen institucional, 97.26% de aceptación de excelente a buena y confianza en el personal, 97.52 por ciento.

En conclusión: el 96.94% de los encuestados consideran que la calidad del servicio es de excelente a bueno y el 67.38% piensa que ha mejorado desde la última vez que los necesitó; 17.85% opina que sigue igual.

Sobre las acciones disciplinarias en los informes anuales de ese periodo, sólo se reportaron 17 destituciones, 4 inhabilitaciones y la presentación de 4 denuncias penales. Para dimensionar, existen: 793 magistrados de Circuito y 528 jueces de Distrito. No es la corrupción una constante extendida como la narrativa del Ejecutivo busca posicionar para intervenir legislativamente al Judicial.

Un indicador al que debemos prestar atención es el incremento de la litigiosidad en México: en 2015 ingresaron un millón 23 mil 877 asuntos, que tuvieron una tasa de resolución del 97.80%, contra un millón 173 mil 614 asuntos, en 2019, con una tasa de resolución del 97.95 por ciento. Entonces, ineficiencia tampoco la hay. Entra dentro de los parámetros internacionales.

Sin duda, estas cifras son reflejo del trabajo de juzgadores con un profundo compromiso con la Constitución. Guardar silencio ante los ataques sistemáticos es abrir las puertas al atropello de lo único que nos une como nación, la Carta Suprema.

La lealtad ciega demanda miradas bajas… Cuidado.