Banalización del dolor

Si en el discurso oficial las mujeres, adolescentes y niñas son invisibles, en su actuar, el gobierno federal no sólo ha sido omiso frente a la violencia y los feminicidios en su contra, sino que, incluso, sigue una ruta de desmantelamiento de los mecanismos de medición y de generación de políticas públicas que los reviertan.

A la negación de la violencia contra las mujeres, habrá que sumar una embestida en contra de las organizaciones no gubernamentales que han venido haciendo el trabajo que el gobierno es incapaz de realizar. Hoy las asfixia, cerrándoles la posibilidad del financiamiento y con ello vulnera a todas las mexicanas.

No se trata de que haya omisión, sino que el gobierno niega una y otra vez desde la tribuna más alta, la violencia contra las mujeres y toma decisiones en el mismo sentido, como lo afirma Viridiana Valgañón, integrante de la organización Equis Justicia para las Mujeres.

Sin duda, uno de los momentos más preocupantes ha sido cuando, desde una de las conferencias matutinas, se intentó calificar de falso el que el 90% de las denuncias de violencia contra mujeres al 911, en algún momento del confinamiento, fuera real.

El mensaje del representante de una nación, a quien padres, madres, esposos, esposas, parejas, hijas e hijos, le depositaron su confianza, fue el decir que no importa que denuncien, porque de cualquier modo no te vamos a creer.

Y en ello, coincide Equis Justicia, que demostró a través de solicitudes de transparencia, que lo dicho por el Presidente no tenía ningún respaldo estadístico.

Valgañón revela que el gobierno de México ha incumplido sus compromisos con la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y queda a deber con las sentencias de la CorteIDH en tres casos emblemáticos de la justicia mexicana: Caso Algodonero, que aún falta dar cumplimiento en la capacitación sobre el tratamiento de casos de feminicidio; Valentina Rosendo Cantú, que ha enviado informes parciales y los casos de violencia sexual contra mujeres de Atenco, en el Estado de México.

La tragedia de ser mujer, adolescente o niña mexicanas es que viven en un país donde hay tolerancia para que sean violentadas. El discurso que niega esa violencia torna el ambiente de permisividad oficial.

Los datos lo muestran. Entre enero y mayo pasados fueron asesinadas mil 618 mujeres, lo que representa un incremento del 5.4% en relación con 2019.

Equis Justicia reporta que una de cada tres mujeres ha sido asesinada en su propia casa. Y que el 86% de las agresiones sexuales, en el periodo de los años 2000 a 2018, terminó en homicidio.

La pregunta enérgica es ¿cuántas más son suficientes? Al parecer no importa. Viridiana Valgañón simboliza muy bien lo que se ha denominado la banalización del dolor: “le estamos apostando por nuestra propia supervivencia, porque nuestros diagnósticos nos dicen que el Estado no va a cambiar y que es incapaz de llegar a sectores en los que nunca ha tenido presencia, como las comunidades indígenas”.

Si usted, lectora o lector, se pregunta por qué; la explicación es que los gobiernos autocráticos, se caracterizan por no permitir contrapesos y mucho menos la existencia de la crítica. A mayor concentración de poder, menor democracia, menor crítica, menos sociedad civil, menos libertad de expresión, menos derechos humanos, pero sí, más discurso sin realidad que lo respalde, más polarización.

Que nadie se sorprenda. A mayor violencia contra mujeres y omisión del Estado, mayor protesta social. A Donald Trump lo sancionó el dolor y el odio sembrado.

La acción consciente del gobierno para desaparecer los fideicomisos y  asfixiar a la sociedad civil organizada, canceló la opción de la vía interna para enderezar las cosas. Hay dinero para obras emblemáticas, pero no para hacer diagnósticos, recabar datos y capacitar a las fiscalías sobre violencia de género y feminicidio.

Esto obliga a buscar dos rutas: en órganos supranacionales para llevar la omisión del gobierno ante la CorteIDH y judicializar ante el Poder Judicial de la Federación y la misma Suprema Corte, para buscar la corrección de las políticas públicas.

“A la denuncia de las mujeres, la respuesta es mayores recortes presupuestales, menos diálogo y mayor ataque a la sociedad civil”, expone Valgañón.

México ha sido cuestionado internacionalmente por la persistente violación a los derechos humanos. Negar la profunda herida de los feminicidios y aducir que se trata de una manipulación política, es banalizar el dolor de todxs.