Remuneraciones y burocracia

La reforma del 127 constitucional afecta a los servidores públicos de la Federación, de los estados, de la Ciudad de México y de los municipios, administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, organismos autónomos y cualquier otro ente público. La ley secundaria recién aprobada afecta a todos los funcionarios públicos federales, mientras que los funcionarios locales tendrán que esperar a que se expidan las respectivas leyes estatales.

Al anunciarse la nueva ley, se presumió que uno de sus principales efectos sería eliminar las pensiones de expresidentes, una medida de austeridad simbólica prometida durante la campaña. En realidad, las definiciones y sanciones de la nueva ley afectan desde ya a miles de servidores públicos y burócratas del país, no sólo a los de salarios más altos, puesto que se modificarán los tabuladores salariales y diversas prestaciones como aguinaldos, estímulos, bonos, etcétera.

De modo que, al nerviosismo tradicional de un cambio de sexenio en el que muchas personas pierden su empleo en el sector público y otras tantas lo consiguen, se añade la incertidumbre de que, incluso, en caso de no ser despedido, sus salarios y prestaciones se verán disminuidas a partir de 2019. Las consecuencias inmediatas de esta nueva ley se dimensionarán con mayor claridad cuando se apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación del año próximo. Sin embargo, desde ya pueden señalarse varias aristas preocupantes.

En primer lugar, está la cuestión de si es deseable o no que ningún funcionario tenga mayores ingresos que el Presidente, independientemente del tipo de cargo que tenga o del nivel de especialidad de su encargo. La respuesta a esta pregunta puede depender, a su vez, del salario que el Congreso autorice para el Presidente: no es lo mismo ajustar un tabulador de salarios con un máximo de alrededor de 100 mil pesos mensuales, como se ha anunciado, que con 200 o 300 mil pesos mensuales.

En general, usar el salario del Presidente como tope máximo del tabulador salarial no es buena idea. En cierto sentido, el salario de un Presidente es simbólico. Podría no tener un salario, o ganar cincuenta mil pesos al mes, y de todos modos sería el funcionario público más poderoso del país, puesto que tiene a su disposición miles de plazas, el ejercicio de miles de millones de pesos o el poder de iniciar o cancelar proyectos multimillonarios.

En segundo lugar, está la cuestión de si es deseable que los ministros de la Suprema Corte, o los magistrados del TEPJF, o los consejeros o comisionados de organismos autónomos no ganen más que el Presidente. Pero, incluso, si aceptamos que fuera deseable, queda el problema de la transición hacia los nuevos salarios. Una de las garantías de la autonomía e independencia del Poder Judicial es, justamente, que sus salarios no puedan verse disminuidos por los otros poderes.

En general, resulta difícil argumentar que jueces que temen o verán disminuidos sus ingresos mantendrán el mismo nivel de independencia frente al Poder Ejecutivo. Cosa distinta sería anunciar que los jueces o magistrados futuros ganarán salarios distintos a quienes hoy están en funciones, por ejemplo.

En tercer lugar, está el impacto en la burocracia y en la calidad de la administración pública en general. No es necesario defender la calidad de la burocracia actual —sin duda, algunos servidores públicos son mejores que otros, algunos desquitan más sus salarios que otros— para concluir que ante una disminución sistemática de los salarios o bien será difícil retener a los mejores cuadros, o bien será difícil atraer a mejores cuadros al servicio público.

Si bien la austeridad en el gasto público puede ser deseable en general, ésta no, necesariamente, equivale al combate a la corrupción prometido por el nuevo gobierno. Menoscabar la autonomía de órganos autónomos y castigar a la burocracia al inicio de un sexenio puede acabar siendo una medida costosa y contraproducente. Hay que tener los ojos bien abiertos: la concentración del poder puede disfrazarse fácilmente de austeridad