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Pandemia: un año después

Javier Aparicio

Javier Aparicio

Hace un año se registraba el primer caso oficial de covid-19 en México y este 11 de marzo se cumplirá un año tras la declaración oficial de la Organización Mundial de la Salud de que la propagación y gravedad de la enfermedad era una pandemia.

En mi columna del 19 de marzo de 2020, escribí que: “De la capacidad de organización y reacción de la sociedad dependerá mucho del éxito para reducir el ritmo de contagio (…) Pero no bastará con ello. De la capacidad de reacción de los gobiernos dependerá mucho del éxito para reducir la tasa de mortalidad. Dentro de unos pocos meses conoceremos mejor el saldo de esta tragedia: en qué países se perdieron más vidas, qué países respondieron mejor, qué estrategias de contención funcionaron mejor, así como qué sistemas de salud pública estuvieron a la altura del reto”.

Aunque había gran incertidumbre por tratarse de una nueva enfermedad, las primeras semanas de la pandemia en varios países hicieron evidente que las consecuencias económicas y sociales también serían severas. La caída en la actividad económica alrededor del mundo anticipaba un dilema trágico: ¿qué gobiernos privilegiarían el salvar vidas, o qué gobiernos intentarían preservar la actividad económica? ¿Qué medidas tomar para ayudar a quienes padecieron enfermedad o muerte, qué medidas para quienes sufrieron por la llamada recesión pandémica?

La magnitud global del reto también ha puesto a prueba no sólo la cooperación entre personas, sino también entre gobiernos nacionales y locales. La escasez y el acaparamiento actual de las vacunas en un número reducido de países se asemeja mucho a la escasez inicial de materiales de salud como los cubrebocas, o al cierre de fronteras y rutas aéreas.

Hoy conocemos mejor algunas de las cifras terribles de 2020. A las cifras de contagios y fallecimientos oficiales por covid-19, se suman los fallecimientos en exceso respecto a tendencias históricas y el aumento de muchas otras enfermedades porque, por un lado, los centros de salud se vieron saturados y, por otro lado, muchas personas temieron acudir a ellos.

En cuanto a la economía, las cifras no son más halagüeñas. El PIB del país tuvo una caída de 8.5 por ciento durante 2020, y de crecimiento prácticamente nulo en 2019. La inversión pública y privada acumuló dos años de caída. Durante el peor momento del 2020, se perdieron más de novecientos mil empleos formales.

En retrospectiva, muchas decisiones del gobierno federal aún no tienen respuesta o justificación clara. Por ejemplo, nunca supimos si la decisión de no realizar pruebas masivamente —como recomendaba la propia OMS— se debió a una decisión presupuestal, a una decisión científicamente fundada, o si se debió a una decisión política que buscaba minimizar lo más posible el cúmulo de contagios registrados.

Frente a los severos efectos económicos de la pandemia, el gobierno federal destaca en el mundo como uno de los países que menor esfuerzo fiscal hizo por apoyar a los hogares o las empresas. Frente a la pérdida masiva de empleos y un aumento sin precedentes en la pobreza laboral, la respuesta del gobierno fue mantener sin cambio su cartera de programas sociales. A la fecha, el gobierno no ha podido justificar claramente por qué sus programas sociales son mejores a los previamente existentes, y mucho menos ha justificado su decisión por mantenerlos sin cambio frente a una crisis sin precedentes.

Por otro lado, el gobierno nunca se explicó o justificó claramente por qué el modelo del Insabi es preferible al esquema del Seguro Popular.

Lo mismo puede decirse de algunos proyectos estratégicos del gobierno federal. Frente a una recesión pandémica y el desplome de los precios del petróleo, como se justifica la insistencia de construir una nueva refinería, un tren o un nuevo aeropuerto, en vez de fortalecer en la medida de lo posible el sistema de salud, la prevención de contagios, o la disminución de la mortalidad en hospitales. ¿Algunos de esos cuantiosos recursos no pudieron destinarse, por ejemplo, para tratar de desarrollar una vacuna o contar con la infraestructura necesaria para su fabricación masiva? ¿Podemos confiar en un gobierno que decide mantener sin cambios sus principales políticas públicas y sociales frente a un escenario de recesión y pandemia que ha costado tantas vidas y lastimado a tantos hogares? ¿Se puede tener tanto poder sin tener que asumir parte de la responsabilidad de estos resultados?

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