Los costos de Texcoco

En una democracia, los argumentos cuentan (o deberían). Por ende, creo que vale la pena sopesar la calidad de los argumentos detrás de la decisión anunciada. Afirmar que “el proyecto de Texcoco se cancela porque el candidato lo prometió en campaña y ganó contundentemente” es un mejor argumento que aducir que “se cancela porque fue derrotado en una consulta”, toda vez que ésta tuvo sesgos en su cobertura, una implementación cuestionable y una muy baja participación.

Ahora bien, el que se haya prometido cancelar Texcoco durante una campaña que resultó victoriosa no implica que ésta sea una buena propuesta de política pública. Algunas promesas de campaña son simplemente inviables, otras son indeseables, y toca a los gobernantes distinguir entre unas y otras, y asumir la responsabilidad de lo que hacen o no hacen. De hecho, hay una gran cantidad de políticas heredadas por el gobierno saliente que continuarán a pesar del “mandato genérico de cambio” que se pregona en el caso del aeropuerto.

¿Será posible que se haya cancelado un proyecto cuya inviabilidad nunca se demostró plenamente para dar luz verde a uno cuya viabilidad aún está por verse? Carezco de información para saberlo a ciencia cierta. ¿Será viable Santa Lucía? En caso afirmativo, ¿cuál es su costo real? De resultar más económico que Texcoco, ¿sería más práctico o conveniente para los usuarios? En caso negativo, los usuarios y contribuyentes futuros pagarán un impuesto implícito porque una mala propuesta de campaña sustituyó a otro proyecto también cuestionable. Lo mismo ocurrirá si el costo de cancelar Texcoco es mayor a los ahorros del proyecto de Santa Lucía.

Si el proyecto de Texcoco está plagado de corrupción o no resulta ser viable o idóneo, ¿por qué no someterlo a auditoría o juzgar las fallas cometidas? Sin un diagnóstico imparcial o sin una investigación en el marco de la ley, cancelar Texcoco pueden ser tan discrecional o arbitrario como la decisión inicial del gobierno saliente de ponerlo en marcha. Sin un diagnóstico imparcial, aprobar la opción de Santa Lucía es igualmente indeseable.

Vale la pena poner algo el anuncio en perspectiva. Por un lado, cancelar las obras del NAIM requiere sendos actos de autoridad, mismos que López Obrador todavía no puede ejercer. En su momento, las querellas y diferencias entre el gobierno entrante y las empresas contratadas pueden alargarse hasta tribunales. De aquí a entonces, el presidente electo podrá renegociar términos con los empresarios apoyado en su consulta a modo —aunque sería más recomendable que lo hiciera con la ley en la mano.

Aunque el presidente electo dijo que la “decisión se toma con respeto absoluto al Estado de derecho, sin afectar intereses de las empresas y de los financieros”, la reacción de grupos empresariales, mercados y agencias calificadoras internacionales no se hizo esperar. Y aunque se dijo que no habría depreciación de la moneda, la caída en el tipo de cambio y Bolsa de Valores están a la vista de todos: los contratos de Texcoco aún no se han cancelado, el presidente electo todavía no ha asumido el cargo y los costos económicos de su anunciada decisión ya pueden sentirse.

Durante el anuncio, se dijo que se trataba de uno de los primeros pasos para acabar con la corrupción. Paradójicamente, la oferta de sustituir unas obras por otras con los contratistas no parece ser un buen remedio si lo que se pretende es acabar con la corrupción.

Por último, también se dijo que se terminaba “la vinculación entre el poder económico y el poder político”. Paradójicamente, este anuncio se hizo con dos empresarios flanqueando al presidente electo. Más allá de los costos directos de cancelar el NAIM Texcoco, el accidentado anuncio de esta decisión ha generado un costo en la reputación del nuevo gobierno y en el atractivo del país para la inversión extranjera. Si para demostrar que el poder político está por encima del poder económico, se tienen que quemar miles de millones de pesos de recursos públicos, quizá valga la pena reconsiderar la estrategia.