Crisis económica, otra vez

Para bien o para mal, México no es un país ajeno a las crisis tanto económicas, de salud o bien desastres naturales. Ya sean de origen interno o externo, diversas crisis han marcado de manera ineludible cada uno de los últimos sexenios del país.

Quienes tengan suficiente edad recordarán episodios donde el desplome de los precios internacionales del petróleo anunciaba crisis económicas, como en los años ochenta, o devaluaciones súbitas del tipo de cambio como las de 1994-95, o bien la crisis financiera de 2008. Los más jóvenes recordarán la epidemia de H1N1 en 2009, la caída de los precios del petróleo de 2015 o los sismos de 2017. Jóvenes y viejos recordarán la crisis del año 2020, posiblemente de modos diferenciados.

El expediente retórico tradicional de afirmar que saldremos adelante de esta crisis porque así lo hemos hecho en episodios pasados pasa por alto el costo social y el impacto de largo plazo que han dejado en el país: son las huellas de nuestro atraso social.

México, como muchas otras economías abiertas con ingresos medios, es particularmente vulnerable a crisis económicas de origen externo. Y, como muchas otras democracias no consolidadas, también es vulnerable a crisis de manufactura interna. Por desgracia, sin importar de dónde provengan las crisis, la calidad de la respuesta y la capacidad de reacción por parte del gobierno es de manufactura netamente domésticas.

Para sortear una crisis de la magnitud como la que tenemos en frente hace falta que todos —sociedad y gobierno— cumplan con su deber, que ninguna arista importante sea ignorada, y que el proceso de toma de decisiones públicas sea, sino impecable, al menos el mejor posible dadas las restricciones que enfrenta el Estado mexicano.

Temo que, por desgracia, esto no ha ocurrido hasta ahora. La estrategia de anunciar paulatinamente y a cuentagotas medidas cada vez más severas cuando el gobierno tiene (o debería tener) mejor información de lo que se avecina (porque la experiencia de uno u otro país permitiría anticiparlo), produce más incertidumbre en la sociedad cuando es una obligación gubernamental el atemperarla. Si el gobierno en verdad lleva meses planeando cómo enfrentar esta crisis, sería deseable que pudiéramos conocer en qué consisten todos los aspectos de ese plan.

Al cúmulo de medidas anunciadas hasta ahora con motivo de la emergencia sanitaria le ha hecho falta el acompañamiento de medidas económicas y fiscales igualmente drásticas. Si bien reconforta escuchar al subsecretario de Salud todos los días, preocupa hasta ahora el silencio de la Secretaría de Hacienda y otras dependencias.

La pandemia del COVID-19 tendrá un fuerte impacto económico en México y en el mundo. Para nuestro país, la crisis implica una fuerte caída en la demanda externa por productos mexicanos —ilustrada por la caída en los precios del petróleo y una recesión a nivel mundial—, así como una caída en la demanda interna propiciada, primero, porque muchos consumidores deberán aislarse y muchos negocios deberán suspender temporalmente sus actividades. En un segundo momento, una vez sorteados los meses más álgidos de la emergencia sanitaria, la demanda interna seguirá estancada por los menores ingresos de los hogares, así como por cadenas de producción debilitadas.

El impacto de esta crisis será acaso más pronunciado en México porque nuestra economía ha estado estancada por más de un año —de nuevo—, detrás de ello hay factores internos y externos, pero lo importante es lo que se debe y puede hacer de aquí en adelante.

El plan económico que se ha prometido anunciar el domingo próximo debe ser mucho más detallado y ambicioso que la estrategia de salud anunciada hasta ahora por la simple razón de que debe permitir a los agentes económicos, tanto consumidores como productores, el poder planear estrategias adecuadas para el corto, mediano y largo plazo. No bastará prometer, otra vez, que se “hará más con menos”, o que las familias mexicanas serán, otra vez, la “institución” que salvará las economías de los hogares de esta nueva crisis.

Si una lección ha dejado las crisis pasadas de México y otros países es que hacen deseables e ineludibles cambios drásticos de estrategias. Para reducir el costo social de esta crisis, es hora de hablar de medidas transitorias y cambios en las prioridades del gasto público: una reforma fiscal es ineludible e inaplazable.