Comunidad académica bajo asedio

Esta semana se hizo del conocimiento público que la Fiscalía General de la República solicitará por tercera vez—esta solicitud ha sido rechazada dos veces ya por un juez— una orden de aprehensión contra 31 integrantes de la comunidad académica nacional, por los presuntos delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y, aunque usted no lo crea, delincuencia organizada —es decir, delitos que merecen prisión preventiva oficiosa—.

¿Cuál es el presunto delito de estos académicos? La entrega de recursos por parte del Conacyt para el funcionamiento del Foro Consultivo Científico y Tecnológico durante el sexenio anterior, una organización identificada en los artículos 37 y 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología vigente en su momento, incluso, hoy día.

Hay quienes dicen que este asedio no es contra toda la comunidad académica, sino contra un grupo reducido de personas. Sin embargo, no puede negarse que acusaciones este tipo contra investigadores de prestigio de diversas universidades y centros de investigación producen un efecto intimidatorio en la comunidad académica en general. El Presidente puede alegar que “el que nade debe, nada teme”, sin embargo, esto es falso cuando se utiliza la procuración de justicia con fines políticos. Como se ha visto repetidas veces en nuestra historia reciente, es muy fácil “armarle su carpeta” a quién más convenga en este u otros gobiernos.

Las reacciones en la comunidad académica no se han hecho esperar. La comunidad de la UAM convocó a “rechazar el uso de las falsos datos, del miedo y la distorsión de la justicia para incidir en la vida de un país y coaccionar a sus científicos y científicas, tal como está ocurriendo.” Estos hechos, añaden, “se suman al conjunto previo de despropósitos y confusiones en materia de ciencia y tecnología que el país contempla azorado, empobreciendo aún más la conversación sobre el manejo de los asuntos públicos.”

Por su parte, la comunidad del CIDE, donde laboro desde hace 18 años, manifestó que la acusación “es absurda e impropia de un país gobernado bajo principios mínimos de Estado de derecho. La mera presentación de científicas y científicos mexicanos como miembros de la delincuencia organizada es un acto intimidatorio y fuera de toda proporción y razón, que no sólo afecta a las personas hoy acusadas injustamente, sino también en realidad a toda la comunidad académica del país.”

Enrique Graue, rector de la UNAM, calificó ayer como “un despropósito e inconcebible, la acusación de delincuencia organizada contra los académicos”. “Usar el concepto de delincuencia organizada en la acusación a los científicos abre una nueva etapa represiva contra las personas”: José Antonio Caballero. “La politización de la justicia en México ha alcanzado nuevos horizontes”: Sandra Ley. “Las amenazas en el sentido de privar de su libertad a diversos miembros de la comunidad científica mexicana corresponden a un tipo de gobierno ajeno al constitucionalismo.”: Diego Valadés. El mensaje de Conacyt y la Fiscalía a la comunidad académica nacional es claro y contundente: “si piensan diferente a nosotros, mejor dedíquense a otra cosa”.