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Revocación no es reelección… ¿o sí?

Ivonne Melgar

Ivonne Melgar

Retrovisor

De concretarse la agenda prevista, el próximo martes se aprobará en el Senado la revocación de mandato, que convertirá al presidente López Obrador en el primer mandatario sometido a ese ejercicio.

El dictamen aprobado en comisiones es totalmente diferente al que hace siete meses avalaron los diputados con el voto de una parte de los representantes del PRI.

Porque en el Senado se diseñaron candados para evitar la ampliación de mandato o una reelección presidencial.

Se trata de una propuesta confeccionada con el oficio político de Ricardo Monreal, jefe de la bancada de Morena; de sus homólogos del PRD, Miguel Mancera, y de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, y de los senadores del PAN, Damián Zepeda y Julen Rementería, y de la priista Claudia Ruiz Massieu.

Su contenido es una evidencia de los alcances de la oposición en tiempos de la 4T.

A muchos les parecerá menor. 

Pero una comparación del dictamen de los diputados con el cabildeado por los senadores confirma que lograron avanzar en casi todos los candados que el bloque PAN-PRI-PRD-MC planteó cuando se propuso evitar la foto del presidente López Obrador en la boleta electoral del 2021.

Así que la revocación deberá realizarse una vez que se cubra la mitad del sexenio.

Aun cuando este fin de semana seguirán afinándose detalles como el de si la revocación se realizaría en alguno de los últimos domingos del 2021 o hasta el primer trimestre de 2022, lo cierto es que ese dique opositor logró su principal cometido: evitar que la popularidad del Presidente le hiciera la campaña a los candidatos de Morena en las elecciones legislativas intermedias, apabullando a la oposición.

Los senadores también eliminaron la idea de que la revocación era para que los ciudadanos decidieran la permanencia del Presidente.

En el nuevo dictamen ya no se incorpora el término permanencia; se descarta la posibilidad de que el Presidente o el Congreso soliciten la revocación de mandato y se le define así:

“Deberá entenderse como el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de la confianza”.

Esa definición dio paso a otro logro: tanto la convocatoria como la organización, el desarrollo y el cómputo de la revocación correrá a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE), incluyendo la regulación de la publicidad.

Por lo tanto, en noviembre de 2021, un mes antes de que el presidente López Obrador cumpla su trienio, la petición de esa consulta deberá presentarse por el 3% de los ciudadanos de la lista nominal de electores.

A solicitud de los gobernadores, se incorporaron al dictamen requisitos que garantizan que la revocación a nivel estatal sólo procederá cuando el 10% de la lista nominal lo pida, además de que habrá una legislación secundaria y cada entidad deberá regular la figura en sus constituciones.

¿Cuándo un Presidente o un gobernador tendrán que dejar el cargo? Sólo cuando el 66% de los votantes pida la conclusión anticipada del mandato.

Los artífices de la minuta del Senado están satisfechos, en tanto consiguieron casi todo lo que la oposición pedía, incluyendo la suspensión de la propaganda gubernamental durante el proceso y la calificación del resultado por el Tribunal Electoral. 

Y decimos casi todo, porque hay quienes querían evitar que López Obrador estrenara este mecanismo.  

Es el caso de la dirigencia del PAN de Marko Cortés, que ha definido ir en contra de la revocación de mandato, bajo el argumento y el temor de que ésta será la plataforma para que el Presidente siga en el poder después del 2024.

Con excepción de Damián Zepeda, Xóchitl Gálvez, Víctor Fuentes y Roberto Moya, el resto de la bancada del PAN votará en contra.
Y es posible que otros senadores panistas se sumen a la idea de que ese dictamen ya le cerró la puerta a una eventual reelección.

Sin embargo, es probable que un centenar de los 128 senadores legitime esta reforma que, en otros tiempos, también los panistas consideraron necesaria para otorgarle al ciudadano una vía para acotar al poder.

Por lo pronto, el martes atestiguaremos un debate y una votación –avalada por Morena, PT, PES, PVEM, PRI, PRD, MC– que darán paso a un mecanismo de democracia directa, indispensable para un país donde los malos gobernantes han sido la regla. 

Sólo el tiempo confirmará si la desconfianza del PAN era infundada. O fue el único partido que auguró el daño.

Pero el temor de que la 4T se valga de esta reforma para ampliar el sexenio de López Obrador no debería frenar el establecimiento constitucional del castigo ciudadano al abuso de poder.

Así como no se vale hacer leyes a modo. Tampoco es de demócratas evitarlas a modo.

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