Baja California: ¿impunidad pactada?

En una nueva temporada de nuestra interminable historia del pacto de impunidad como sinónimo de consenso para la gobernabilidad, nuestra clase política hace gala de cinismo en la misma sede donde hace 30 años inició la alternancia partidista.

Ahí donde el Revolucionario Institucional del sexenio de Carlos Salinas aceptó su primera derrota electoral y, cinco años después, fue asesinado Luis Donaldo Colosio, la llamada Cuarta Transformación ha tropezado con los mismos males que prometió erradicar: acuerdos cupulares en lo oscurito, un madruguete constitucional, sospecha de soborno a diputados y justificaciones de carcajada.

Justo al año del triunfo del presidente López Obrador con la bandera de limpiar la corrupción, el gobernador electo de Baja California, el morenista Jaime Bonilla, pide y acepta el regalo de la impunidad, al conseguir este lunes 8 de julio la ampliación de su mandato de dos a cinco años con el apoyo del cuestionado brazo legislativo de Francisco Kiko Vega, cuya pésima administración sepultó la hegemonía que el Partido Acción Nacional había conservado en cinco sexenios.

Algo, sin embargo, debe hacer con éxito el aún gobernador, a quien en el PRI de Peña Nieto consideraban, en privado, como el Duarte del PAN, sin conseguir nunca la autorización de los altos mandos para balconearlo.

Esa misma capacidad que le permitió a Kiko Vega escapar de las denuncias priistas fue la que desplegó en las elecciones federales de 2018 y en las estatales de junio pasado para no incomodar a Morena.

Sabedor de que su gestión había terminado de hundir a la marca PAN entre los bajacalifornianos, el gobernador buscó salvarse. Y lo hizo con el respaldo del Congreso –de mayoría panista– que ahora le ha regalado a Jaime Bonilla la ampliación de un mandato que antes le negó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Apenas hace unos meses, en plena campaña para renovar la gubernatura, en el PAN se prendieron los focos amarillos cuando detectaron que su gobernador buscaba pactar con su seguro sucesor un futuro sin sobresaltos ni averiguaciones. La dirigencia de Marko Cortés pecó por omisión y la dejó correr.

Así lo confirmaron los panistas cuando su candidato Óscar Vega intentó, infructuosamente, una alianza estatal con el abanderado del PRD, Jaime Martínez Veloz, a fin de amortiguar en las urnas la derrota.

Pero los cálculos de Kiko Vega eran otros. Y como lo han denunciado Óscar Vega y Martínez Veloz, la traición a la democracia en Baja California ha contado con la complicidad del gobernador saliente y su brazo legislativo, conformado por los mismos diputados del PAN y del PRI que le aprobaron una dolosa deuda pública y concesiones de negocios que ahora deberían ser materia de fiscalización por representantes de la 4T.

Por supuesto que no es la primera vez que un congreso estatal actúa como camarilla, al margen de colores partidistas, con una sospechosa unanimidad que alcanzó sus mejores capítulos de cinismo en el Estado de México, donde perredistas y panistas actuaban al son que les tocaba el priismo peñista.

La novedad no radica en el entreguismo plural de una legislatura, sino en el hecho de que éste ahora sea impulsado y defendido por Morena, el supuesto movimiento partidista cuyo líder político y social se ha propuesto terminar con la corrupción política y los negocios al amparo del poder.

Más allá de las preocupaciones de si lo aprobado en Baja California abre la puerta a que otros congresos, incluido el federal, amplíe a su antojo el mandato de otros gobernadores y del Presidente de la República, lo evidente hoy es la complicidad de Morena con la contaminada y entregada oposición, a cambio de un pacto de impunidad.

¿Qué necesidad tenía el gobernador electo de ese beso del diablo si el futuro Congreso estatal será mayoritariamente morenista?

¿Por qué pactar con esa oposición que tanto se desprecia desde el discurso de la 4T? ¿Por qué sustentar la gobernabilidad del estado en un oprobioso acuerdo político?

¿Por qué abrumar a la Suprema Corte con un asunto que los magistrados electorales ya dictaminaron como violatorio de la ley? ¿Por qué no hay una condena presidencial a este acuerdo vergonzoso con lo peor del viejo régimen?

Ésas son las dudas.

La certeza hoy es que la supeditación obsequiosa de los legisladores bajacalifornianos del PAN y del PRI confirma la falta de solvencia moral de esos partidos para actuar como contrapeso del hiperpresidencialismo de López Obrador.

Mientras tanto, el pretexto de la líder de Morena, Yeidckol Polevnsky, de que esa ampliación de mandato es un reclamo de la gente, alimenta una duda mayor: ¿también esta alternancia de la 4T habrá de levantarse, como las anteriores, sobre las ruinas de la impunidad pactada?