Jornaleros y migrantes

Hace unos días empezó a difundirse la protesta de un grupo de trabajadores agrícolas en el Valle de San Quintín, Baja California. Las imágenes dejan claro que se trata de campesinos humildes que provienen de diversas regiones del país, en particular de Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Se repite un patrón que hemos presenciado tiempo atrás, se trata de reclamos de jornaleros agrícolas por las condiciones inadecuadas para desarrollar largas jornadas de un trabajo extenuante, sin el equipo mínimo necesario para impedir infecciones, heridas o simplemente para protegerse de las altas temperaturas que ponen en riesgo la salud de las personas que trabajan en esos campos.  Son migrantes internos, como los clasifica el gobierno; es decir, mexicanos que dejan sus lugares de origen para ir a trabajar a otras regiones del país en donde existen oportunidades para obtener un ingreso lícito que les permita mantener a su familia. Al igual que los paisanos que emigran a EU, los jornaleros internos envían “remesas”. Viven en campamentos improvisados, con malas condiciones y son remunerados con un salario muy bajo, sin seguro social. Su mano de obra barata abona a la competitividad de la agroindustria en esa región que exporta 100% de su producción. Si se tiene oportunidad de recorrer los campos agrícolas en Los Ángeles, California, el escenario no difiere mucho del antes descrito. Se encuentra uno con jornaleros mexicanos indocumentados que trabajan en las grandes agroindustrias de ese estado. Al no tener forma de reclamar sus derechos por un salario mínimo, habitación digna, cobertura de salud y educación para sus hijos; subsisten viviendo en tráileres, construidos para cuatro personas, pero que llegan a habitar hasta 12 trabajadores, sus ingresos los mantienen en niveles de pobreza y subsistencia. En ambos casos, sus patrones han gozado durante décadas de la protección abierta o simulada de las autoridades locales. En EU la industria agrícola cuenta con un poderoso cabildeo en el Congreso, que ha bloqueado siempre diversas iniciativas de ley que buscaban obligarlos a cumplir con los mínimos estándares laborales. Por el contrario, gozan de artilugios legales que les permiten operar con la figura de los enganchadores y capataces, quienes se encargan de localizar y contratar a los trabajadores indocumentados, cobrarles comisión por conseguirles empleo y servir de fachada frente a las autoridades laborales al ostentarse como los patrones. De esa manera, se les ha dado a estos últimos una absoluta impunidad por los abusos y explotación que realizan. Las condiciones de trabajo de los jornaleros en San Quintín no varían de las antes descritas, ellos reclaman una mejor remuneración, acceso a servicios médicos, denuncian abusos y hostigamientos físicos y sexuales. Sus múltiples gestiones ante las autoridades del estado nunca fueron atendidas. El  Consejo Agrícola,  integrado por los patrones, ha dado largas a sus peticiones, saben que las posibilidades de ser sancionados por las autoridades son mínimas.  Indígenas triquis y mixtecos de Oaxaca, tzotziles de Chiapas y amuzgos y nahuas de Guerrero han emigrado a Baja California desde hace años. Algunos lo hacen de manera temporal para trabajar en el periodo de cosecha y otros  radican en esa región. Han vivido siempre en las condiciones de abuso y explotación que hoy denuncian. Las autoridades de nuestro país se han “hecho de la vista gorda” o, peor, pretenden minimizar la gravedad de la situación al decir que el salario que reciben “es más alto que el que se percibe en zonas del sur de México, donde los jornaleros ganan menos”. El gobernador Francisco Vega se suma a la creciente lista de mandatarios estatales que se caracterizan por su incapacidad y falta de sensibilidad para atender las demandas  de este tipo de grupos vulnerables. ¿Acaso no sabía que en estos campos se emplea a menores de edad violando la Constitución? ¿Cuántas veces ha visitado estos campos? ¿Solicitó el apoyo del gobierno federal para inspeccionarlos y conocer sus condiciones laborales? Viene al caso recordar el movimiento liderado por César Estrada Chávez, a quien se le identifica como el jornalero que organizó a sus pares a fin de defender sus derechos y reclamar la protección de la ley. Su legado ha sido controvertido, pero es un símbolo que da prueba fehaciente de que la explotación en el campo agrícola ha estado presente en EU desde hace mucho tiempo, y así continúa. También el clásico de la literatura estadunidense Las viñas de la ira, de John Steinbeck, da un testimonio dramático de las condiciones en que han vivido los jornaleros migrantes. La migración mexicana de trabajadores agrícolas a EU ha sido de indocumentados, con excepción del llamado Programa Bracero negociado entre ambos países, por la necesidad de mano de obra que enfrentó nuestro vecino del norte durante la Segunda Guerra Mundial. A partir de entonces, el trabajador agrícola mexicano que  no cuenta con los documentos requeridos ha sido objeto de abusos y ha vivido en condiciones vulnerables, pese a llevar años de trabajo.

El caso de San Quintín es un recordatorio más de las asignaturas pendientes que tiene nuestro país, de problemas no atendidos que hacen persistir injusticias, iniquidad y marginación. Son la evidencia de que muchos mexicanos no encuentran en sus comunidades oportunidad para ofrecer a sus familias una vida digna, oportunidad de crecer, educarse y mejorar su condición económica, intelectual y social.

                *Director Grupo Atalaya

                Twitter: @Gustavo Mohar