Venezuela: retrato de la dictadura

En este complejo entorno, el 15 de septiembre del 2020, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, publicó su informe durante el 45º período de sesiones.

En el informe de 443 páginas, se requiere al régimen de Maduro a rendir cuentas por violaciones flagrantes y sistemáticas de derechos humanos. Estas violaciones han sido calificadas como crímenes de lesa humanidad. El informe es un retrato actualizado de una dictadura criminal.

Se establece que las más altas autoridades del Estado ejercían control sobre los ejecutores de dichas violaciones, y que Nicolás Maduro y los ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes, habiendo dado las órdenes, coordinado actividades y apoyado acciones por las cuales se cometieron dichas violaciones.

Entre los crímenes se incluyen: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones y torturas por motivos políticos, violencia ejercida contra manifestantes y la complicidad de un Poder Judicial renuente a investigar los hechos de manera sustantiva.

El informe elaborado por la ONU se suma al trabajo arduo que la Secretaría General de la OEA ha llevado a cabo durante los últimos años denunciando sistemáticamente los abusos y atrocidades de la dictadura venezolana. Hoy, la mayoría de la comunidad Internacional mundial reconoce, gracias al tesón de Luis Almagro, que la tiranía se mantiene en el poder gracias al terror y la tortura.

El informe de la ONU es consistente con el informe previamente elaborado y presentado por la Secretaría General de la OEA, a través del Panel de Expertos Internacionales Independientes sobre la Posible Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela, del 29 de mayo de 2018.

El panel de expertos ya había determinado con claridad que existían fundamentos suficientes para considerar la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La cadena de mando se extiende a 11 funcionarios por su responsabilidad política inmediata y otros 146 subordinados por ejecutar órdenes.

El informe de la OEA fue, en su momento, la base para que 6 Estados Parte del Estatuto de Roma remitieran el caso de Venezuela a la Corte Penal Internacional, con el fin de evitar la impunidad de los crímenes cometidos, el establecimiento de responsabilidades penales internacionales y asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y justicia para las víctimas.

La Secretaria General de la OEA ha saludado la publicación del informe de la ONU, recordando que, en materia de Derechos Humanos, la celeridad de las actuaciones de los organismos requeridos a su defensa es urgente. Es, literalmente, cuestión de vida o muerte.

La pandemia ha empeorado la situación. El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para el Sur de América Latina, Juan Carlos Murillo González ha señalado que 5,000 venezolanos abandonan su país diariamente. 5 millones ya han migrado y para finales de 2020 se estima que serán 7 millones.

Es también absurdo decir que aquellos que participan en las elecciones pueden llegar a ser considerados como oposición fragmentada. El colaboracionismo con la dictadura los hace parte de la dictadura, no de la oposición.

La Corte Penal Internacional debe actuar ya. Es urgente terminar con la dictadura y que cesen los atroces crímenes de lesa humanidad. El apoyo de toda la comunidad internacional es fundamental para que Venezuela regrese a la democracia.