Justicia electoral

Estamos asistiendo a procesos electorales competitivos, con resultados electorales muy ajustados, en los cuáles el margen de diferencia entre ganadores y perdedores es cada vez más estrecho. Ante la polarización reinante, la fortaleza de la institucionalidad electoral —administrativa y jurisdiccional— se pone a prueba en cada elección.

En este contexto de máxima exigencia, la justicia electoral ocupa un lugar estelar. Jueces y órganos jurisdiccionales especializados son el espacio definitorio en el cual los actores políticos buscan dirimir sus diferencias más profundas. Como diría Dieter Nohlen: “La justicia electoral es parte importante de todo el edificio de la democracia”.

Magistrados, Cortes y Tribunales trabajan bajo los principios de independencia, imparcialidad, neutralidad, transparencia, equidad, celeridad e inmediatez. A través de sentencias, fallos y jurisprudencias, se busca el ideal justiniano de “dar a cada uno lo suyo”, en decisiones de última ratio.

El Informe de la Comisión Global sobre elecciones, democracia y seguridad, prologado por Kofi A. Annan, puntualiza: “Que la integridad electoral es esencialmente un problema político. El poder y la competencia por el poder deben regularse. No es suficiente que los gobiernos creen instituciones; los políticos deben respetar y defender la independencia y profesionalismo de los funcionarios, jueces y tribunales electorales”.

Al calor de contiendas más rudas y cerradas, el fin último de la justicia electoral es ratificar que lo que sucedió en las urnas se refleje fielmente en los resultados definitivos. El objetivo es garantizar la legalidad de las contiendas, respetando la voluntad de la gente para elegir su futuro y su destino.

Hoy, la región se enfrenta a escenarios altamente polarizados. Las campañas electorales se caracterizan por una narrativa poderosa de división y estigmatización hacia rivales e instituciones. El apetito por la victoria genera un continuo cuestionamiento sobre la idoneidad de la justicia electoral y sus decisiones, así como de la probidad e imparcialidad de sus jueces, prolongando la efervescencia electoral y socavando la estabilidad democrática.

Las sentencias de la justicia electoral deben fundamentarse siempre en los argumentos normativos y técnicos que tienen su base en hechos comprobados y pruebas documentales. Los fallos judiciales no pueden tener su motivación en noticias falsas, publicidad engañosa o mitos electorales.

Balance         
Alexis de Tocqueville, en su obra La democracia en América señala que la fuerza de los tribunales ha sido, en todos los tiempos, la más grande garantía que se puede ofrecer a la independencia individual, pero esto es verdadero, sobre todo, en los siglos democráticos.

Los conflictos son parte de la democracia. Las impugnaciones deben ventilarse siempre dentro de los causes constitucionales y legales. Las instancias jurisdiccionales tienen una misión fundamental: resolver, con cabeza fría, asuntos siempre candentes.

La comprensión del alcance y funcionamiento de las instancias judiciales por parte de los actores políticos es indispensable para el fortalecimiento de la democracia. No es suficiente tener una gran organización logística del proceso electoral. Es fundamental que la justicia electoral actúe siempre apegada a sus principios y en el marco de sus competencias. Ese es el reto central.