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Haití

Francisco Guerrero Aguirre

Francisco Guerrero Aguirre

Punto de equilibrio

Los tiempos de la pandemia han sido devastadores. La crisis multidimensional que ha desatado este virus, ha sido brutal para las naciones del continente que se encontraban en una situación de mayor desigualdad social. Ese ha sido el caso de Haití.

A la ya complicada situación política, económica y de seguridad que experimentaba el país caribeño, se le ha sumado no sólo una difícil coyuntura sanitaria, sino, además, el infame asesinato del presidente de la República, Jovenel Moïse, el pasado miércoles 7 de julio en su residencia privada.

Tal como lo declaró el secretario general de la OEA, Luis Almagro, el asesinato del mandatario no sólo es un ataque contra su persona, su familia y contra la institucionalidad haitiana, también es un ataque contra la comunidad de naciones democráticas representadas en la OEA.

Previamente al magnicidio, el Consejo Permanente de la OEA, en línea con los principios y valores democráticos establecidos en su Carta constitutiva, había resuelto “reafirmar su apoyo al pueblo haitiano e instar al presidente de Haití a que trabaje con todas las partes interesadas a fin de entablar un diálogo significativo con el propósito de abordar las necesidades del país, entre ellas la realización de elecciones legislativas y presidenciales libres e imparciales este año”.

El Consejo Permanente conformó una Misión de Buenos Oficios que arribó a Puerto Príncipe el pasado 8 de junio. Una vez finalizada la visita de tres días, en la que los miembros de la misión se reunieron con diferentes actores, incluyendo al presidente Moïse, la misión presentó un informe y emitió tres recomendaciones tendientes a recuperar la confianza de los haitianos en sus instituciones y a adoptar medidas urgentes para lograr un ambiente de seguridad y respeto por los derechos humanos en el país.

Lamentablemente, el condenable ataque al presidente Moïse y a la primera dama ha profundizado la situación de emergencia. Ahora se requerirán renovados esfuerzos diplomáticos de diálogo político, entre los distintos sectores del país, para encontrar un camino de paz y la reconciliación.

A la luz del asesinato del presidente Moïse, se convocó una sesión extraordinaria del Consejo Permanente el mismo 7 de julio. Los países del continente condenaron de manera unánime “el atroz crimen cometido contra la vida del difunto presidente y su urgente llamado a una rápida investigación internacional para llevar a los autores ante la justicia”.

La violencia no tiene cabida en la democracia. El apoyo de la comunidad internacional es hoy, más que nunca, fundamental para que el pueblo haitiano logre encontrar la mejor ruta para enfrentar los difíciles retos que se plantean ante el asesinato de su presidente.

La democracia es el mejor antídoto contra la brutalidad que despierta la violencia. La OEA ha manifestado su solidaridad y compromiso de cooperación con el país para que la institucionalidad existente pueda asegurar el cumplimiento de calendario electoral recientemente anunciado.

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La violencia sólo genera violencia. Los disensos y desacuerdos son naturales en la arena política, pero nunca deben desembocar en la cobardía del asesinato. Sólo las elecciones tienen la capacidad de resolver las diferencias a través del voto libre, secreto y universal.

La efectiva realización de elecciones libres y justas es la mejor manera de asegurar la continuidad democrática, garantizar el Estado de derecho y respetar los derechos humanos en el país. La comunidad internacional tiene la inmensa tarea de poner a Haití entre sus más urgentes prioridades y apoyar incondicionalmente el diálogo político como solución a la crisis.

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