El exterminio de la democracia en Venezuela

Hoy en Venezuela no hay respeto por los derechos humanos ni por las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio no se ajustan a derecho; se oprime a los partidos y organizaciones políticas; no hay separación e independencia de los poderes públicos y ya no hay elecciones periódicas, libres y justas.

La OEA ha dado seguimiento puntual a la crisis en Venezuela. Los informes producidos por el secretario general, Luis Almagro, constituyen un acervo fundamental para comprender el proceso de erosión acelerada, que nos ha llevado al exterminio de la democracia en Venezuela.

El secretario general ha enviado a la Presidencia del Consejo Permanente de la organización cuatro informes, uno en 2016 y tres en 2017. En estos se ha advertido sobre el desmantelamiento paulatino, pero constante, de las instituciones democráticas en Venezuela. 

A lo largo de los últimos años, el Tribunal Superior de Justicia fungió como órgano legislativo al servicio del régimen, a través de múltiples sentencias orientadas a dejar sin efecto las disposiciones adoptadas por la Asamblea Nacional.

Los informes abordan, además, un episodio clave del declive democrático venezolano: la elección ilegal y espuria que llevó a la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente.

 La convocatoria a una Asamblea Constituyente fue un intento ilegal por bloquear al único poder verdaderamente legítimo e independiente, la Asamblea Nacional, y lograr así la concentración total del poder político.

La criminalización de la protesta ha ido de la mano con el encarcelamiento de opositores. Hasta la fecha, el secretario Almagro verificó y certificó la existencia de 974 presos políticos y 988 arrestos políticos registrados por el Foro Penal Venezolano.

Almagro ha descrito de forma precisa y detallada el deterioro de la institucionalidad electoral. La falta de independencia del Consejo Nacional Electoral no ha permitido que se cuente con las garantías necesarias para el desarrollo de comicios libres y justos.

Fue en este contexto de deterioro absoluto que se llevaron adelante las elecciones presidenciales espurias de 2018. Estos comicios, declarados ilegítimos por el Consejo Permanente de la OEA en la resolución emitida el 5 de junio del año pasado, fueron contrarios a cualquier estándar internacional. La falta de garantías del proceso llevó a que, el 10 de enero de este año, este Consejo declarara ilegítimo el nuevo mandato de Maduro.

La determinación de la Asamblea Nacional de nombrar a Juan Guaidó como Presidente encargado de Venezuela, y su amplio reconocimiento internacional, ha significado un viento de esperanza para millones de venezolanos que ven en su persona una salida democrática al “hoyo negro” en el que se encuentra el país.

El secretario general ha sostenido que la única salida a la profunda crisis que vive Venezuela es organizar elecciones libres, transparentes y competitivas en las que los ciudadanos y ciudadanas puedan decidir quién debe gobernar a esa entrañable nación.

Para poder llevar a cabo elecciones presidenciales es una condición sine qua non la salida de Nicolás Maduro. Adicionalmente, hay que reconocer que celebrar elecciones con el sistema electoral en las condiciones actuales no es posible y repararlo llevará tiempo. Pensar en comicios con la estructura actual, sin llevar a cabo reformas urgentes y profundas, no es factible ni deseable.

BALANCE

Para avanzar hacia elecciones libres y justas en Venezuela, existen precondiciones indispensables que pasan por instituciones electorales independientes, garantías para la participación política, aspectos nodales de organización electoral y, por supuesto, de la observación electoral internacional sin restricciones.

La OEA cuenta con la experiencia técnica, expertos internacionales acreditados y relaciones de cooperación histórica con los organismos electorales del continente, para auxiliar a Venezuela en el futuro en la realización de elecciones genuinas y legitimas. Ojalá pronto llegue este anhelado momento.

                *Los puntos de vista son a título personal.
                No representan la posición de la OEA.