Golpismo y ruptura

Tarde o temprano, pero el destino siempre nos alcanza. El mundo paralelo e idílico que construyen las palabras presidenciales se tambalea como castillo de naipes, no sólo por los indicadores que lo desmienten, sino también por las propias contradicciones del grupo gobernante y su tendencia recurrente a echar mano de prácticas perversas que denunciaron en el pasado y que ahora usan, corregidas y aumentadas, sin tantita pena.

Dos hechos que acaban de estremecer el escenario nacional muestran que el principal problema de gobernabilidad que tiene la presente administración no está en la incipiente oposición que se esfuerza para salir del pasmo tras su apabullante derrota. El golpismo legislativo en Baja California y la ruptura del exsecretario Carlos Urzúa son preocupantes en sí mismas, pero también como síntomas.

Los límites en las facultades institucionales se han diluido ante la concentración de poder y sólo queda apelar a la opinión pública para incitar a la autocontención y arropar a un Poder Judicial acosado desde Palacio Nacional.

Extender el mandato de un gobernante después de electo es una aberración jurídica que rompe el pacto constitucional. En democracia, los ciudadanos son depositarios originales del poder público y sólo ellos, mediante el voto, lo pueden delegar y distribuir a quienes resulten electos por un tiempo determinado. Atreverse a prolongar ese plazo exhibe visión patrimonialista del Estado, desprecio por las leyes y sufragios emitidos, así como una inmensa arrogancia. Lo hicieron porque creen que todo lo pueden en el escenario político configurado hace un año.

Que la mayoría de los legisladores que aprobaron el despropósito sea de oposición al partido beneficiado sólo aumenta la sospecha de corrupción y acuerdos indebidos. Dos veces antes de la elección, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó la ampliación de la temporalidad del próximo gobierno estatal en Baja California, pero quien lo va a encabezar, Jaime Bonilla, quiso que la tercera fuera la vencida con los diputados que están por salir del presupuesto y la ayuda mal disimulada del gobernador saliente, Kiko Vega, a quien un cercano, nombrado en esa misma sesión, auditará sus cuentas públicas.

El precedente abre la puerta a una reelección fáctica, al margen de las urnas, algo que no ocurrió ni en la plenitud de la hegemonía del partido de Estado en el siglo pasado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puede y debe echar abajo la reforma aludida, pero requerirá de mayoría calificada, al menos ocho votos de los once miembros, por lo que nadie debiera confiarse. Llegar a este punto por un despropósito insostenible y tan desaseado en las formas no nos habla de cambio y renovación del sistema político, sino de su descomposición.

No son mejores noticias que el principal responsable de la economía del país haya renunciado y, peor aún, por las razones que expuso. Carlos Urzúa confirmó que las decisiones en materia económica se toman en la oficina del Presidente sin el debido sustento, sin basarse en la evidencia y sin cuidar sus efectos. Eso es jugar con fuego.

Se fue el funcionario que más confianza concitaba en los inversionistas justo cuando se teme que la desaceleración se convierta en recesión. El voluntarismo que denunció será peor sin su resistencia. No hay garantías de que Arturo Herrera sí pueda contener a los inexpertos aprendices de brujo que están comprometiendo la calificación de la deuda de Petróleos Mexicanos, la ratificación del T-MEC y hasta el abasto de gas natural.

Prevaleció Alfonso Romo en la disputa palaciega. ¿Y dónde queda ahora la separación del poder político del económico?