Culiacán: apología de la rendición

Pero como la propaganda oficial, hoy omnipresente, está empeñada en promover el culto a la personalidad, no sólo subestima la gravedad de lo acontecido, sino que también insiste en integrar el episodio a la prédica moral de quien nos gobierna, como si rendirse hubiera sido una decisión humanista y no resultado de haber perdido el control de la situación.

Las autoridades han dado distintas y contradictorias versiones, pero sabemos que el Cártel de Sinaloa reaccionó con coordinación y rapidez, colocando retenes en las entradas de la ciudad; acosando la unidad habitacional donde viven militares para amenazar a sus familias; tomando soldados como rehenes; liberando reclusos del penal; generando pánico en la sociedad con bloqueos, incendios y detonaciones; rodeando la vivienda donde detuvieron a Guzmán López con una fuerza mayor a la que lo resguardaba.
En esas condiciones, la rendición no era alternativa, sino necesidad.

Si algo no puede estar a discusión, pues se trata de la razón primigenia del Estado, es que la autoridad siempre debe velar por la seguridad de la población. El problema es que quienes la pusieron en inminente peligro fueron precisamente los que deben protegerla.
Es inaudita la irresponsabilidad de llevar a cabo un operativo improvisado para detener a uno de los principales capos del país, sin medir la respuesta del grupo criminal, en la capital del estado donde tienen sus principales bases de apoyo.

De pronto, las fuerzas del orden se vieron superadas y la sociedad se convirtió en rehén del narco. Por eso, el chantaje tuvo éxito y los criminales lograron imponerse. Pero el control de daños de quienes provocaron esa situación consiste en presentar como virtuosa, la obligada claudicación, para convertir la derrota en victoria y ocultar la inadmisible incompetencia de quienes decidieron meterse a la cueva del lobo para realizar una captura con deficiente planeación, poniendo en riesgo la vida de los civiles.

Es difícil pensar que una acción de ese calibre se decidió al margen del Gabinete de Seguridad, que se reúne todas las madrugadas en Palacio Nacional.
No sólo por el peso del personaje, sino porque respondió a una petición de extradición de Estados Unidos y se le asignó la tarea a la Guardia Nacional. El propio presidente López Obrador ha expresado que dichas reuniones son para no delegar su responsabilidad en la materia.

Además, coincide con la discusión del T-MEC en el Congreso norteamericano y una espectacular detención del hijo de El Chapo, quien acaba de tener un juicio de gran exposición mediática, habría ayudado a convencer a representantes reacios de aquel país que piensan que ha decaído el compromiso de México en la lucha contra el narco con la presente administración, en parte por las declaraciones del Ejecutivo asegurando que “la guerra se acabó” y que la detención de capos, ya no serán objetivo del gobierno.
¿Por qué el cambio de opinión con una operación tan desaseada y repentina que, a decir de Alfonso Durazo, hasta la orden de cateo llegó tarde? Por cierto, ¿participó la DEA?

Esas y otras dudas deben esclarecerse, pero mientras tanto, ya nos alcanzó la realidad. Los sermones de amor al prójimo no han evitado el asesinato de más de 30 mil personas en 10 meses y medio de este gobierno, entre ellas tres centenas de policías. Los hechos de Aguililla y Tepochica, ocurridos la semana pasada, indican que la guerra continúa y la rendición en Culiacán exhibió la debilidad del Estado. Si éste ya no quiere enfrentar a organizaciones criminales con alto poder de fuego por razones “humanistas”, ¿entonces quién protegerá a los ciudadanos?

El humanismo del Presidente no lo llevó a fortalecer policías civiles, sino que, por el contrario, agudizó la militarización del país. Los hechos dicen más que las palabras y los malos resultados que sus otros datos.