Seguridad poselectoral

Carlos Matienzo*

Finamente llegó el día de las elecciones y, pese a que ocurrieron algunos incidentes que pretendían trastocar los comicios, siempre es destacable que, en un país de decenas de miles de asesinatos, de una u otra forma, logramos llevar a cabo la jornada electoral con relativo orden. Sin embargo, lejos están de desaparecer los riesgos para la seguridad vinculados al cambio político; por lo contrario, la reconfiguración del poder gubernamental puede tener un efecto importante en las condiciones de seguridad del país.

En primer lugar, es importante mencionar que buena parte de los triunfos en gubernaturas de Morena se dieron en lugares con serios problemas de violencia y alta presencia del crimen organizado. La coalición del Presidente gobernará 7 de los 10 estados más violentos del país (Zacatecas, Baja California, Colima, Sonora, Michoacán, Morelos y Guerrero), al que habría que agregar San Luis Potosí, con una tendencia ascendente de violencia y en donde el candidato ganador del PVEM ha sido acusado de tener vínculos con el crimen organizado.

El gobierno de López Obrador no podrá excusarse detrás del argumento de la falta de colaboración o corresponsabilidad de las autoridades de esos estados. Tiene la fuerza política e institucional para trabajar con ellos y aplicar cualquiera que sea su estrategia de seguridad. También se verá obligado a lidiar con gobernadores afines que pueden estar vinculados a organizaciones criminales. La evolución de la violencia y del Estado de derecho en esas entidades será un buen indicador de qué tan efectiva es la estrategia federal y de qué tamaño es su compromiso con la legalidad.

Otro asunto de atención en el periodo poselectoral será el de los municipios donde habrá alternancia y que se encuentran en regiones con alta presencia del crimen organizado. Así como la violencia se hizo manifiesta en el asesinato de candidatos durante las campañas y precampañas, es altamente probable (pues ha sucedido en periodos anteriores) que exista una segunda ola de asesinatos políticos contra quienes podrían trastocar intereses criminales o por conflictos políticos en entidades con débil cultura institucional. A ello hay que agregar la vulnerabilidad que enfrentarán los nuevos titulares de seguridad y jefes policiacos en los municipios, quienes también suelen ser presa de los ataques del crimen organizado.

Bien haría el gobierno de la República en poner especial atención en esos municipios. Ahí habría que hacer lo que no se hizo durante la campaña: aumentar el despliegue de fuerzas federales y ofrecer protección especial a autoridades electas y a sus equipos.

Finalmente, el proceso electoral deja una noticia alentadora en materia de cultura cívica. En algunos lugares donde la violencia pretendió imponerse a los votos, los ciudadanos tomaron una decisión valiente y contundente: refrendaron o incluso aumentaron su apoyo por el partido de aquellos candidatos que habían sido asesinados. Es el caso de Moroleón, Guanajuato, donde fue asesinada Alma Barragán y donde su hija, al frente de Movimiento Ciudadano, logró obtener el triunfo con el 48.5% de los votos. También sucedió en Cazones, Veracruz, donde fue asesinado Remigio Tovar a tan sólo un día de la elección. En uno de los casos más sonados, en Valle de Bravo, el conteo se mantiene cerrado y aún podría obtener el triunfo Zudikey Rodríguez, quien en campaña fue presionada por el crimen organizado para abandonar la contienda.

Así termina una elección más llena de contrastes donde, por un lado, la fuerza de las armas se hace presente para tratar de influir en los equilibrios políticos y, por otro, una mayoría ciudadana avanza contra corriente para que las elecciones se puedan llevar a cabo en paz. La lección es la misma de cada tres años: la salida al terrible problema de inseguridad e impunidad que enfrentamos en México pasa por profundizar nuestra democracia, no por revertirla.

*Socio de DataInt y maestro en seguridad internacional.