Por el reconocimiento y autonomía de nuestros pueblos indígenas

Por Casimiro Méndez Ortiz*

En nuestro país, los pueblos originarios han sido, históricamente, relegados de la esfera política. Han tenido que luchar por su derecho al autogobierno como pueblos sin Estado, ante la necesidad de gestionar su vida comunitaria por ellos mismos, así como los asuntos públicos, políticos y económicos que esto conlleva.

En el siglo pasado se construyó la falacia del individualismo liberal para imponer los principios que pregonaba el individualismo democrático. Lo anterior era un componente esencial para impulsar un modelo de libre mercado y nacionalismo excluyente, bajo el paradigma del Estado nacional.

La paradoja fue que el mismo individualismo liberal provocó un daño amplio y profundo en ciertos individuos. Se ahondó la pobreza existente e intensificó la explotación, al mismo tiempo que destruía los lazos de unidad existentes en ciertas localidades. Para imponer el modelo se ocuparon tres prácticas sistemáticas: desconocer, perseguir o eliminar a los miembros de grupos étnico-nacionales.

Nuestros pueblos quedaron categorizados únicamente en términos culturales y no políticos. En palabras de una reconocida lingüista mixe, la doctora Yásnaya Elena Aguilar Gil, se sigue sosteniendo en nuestro texto constitucional:

- “… la ficción de que el Estado mexicano es una nación rica en diversidad cultural, oculta el ejercicio de ‘borramiento’ que implicó su creación y la violencia que se ha ejercido sobre naciones distintas que cuentan con su propia lengua, un pasado particular y un territorio común”.

En el ejercicio de su libre autodeterminación y modelos propios de desarrollo, se encierra cierta discriminación por los resultados que se producen en estos grupos sociales. Las consecuencias son la privación y la limitación en el acceso a los derechos, condiciones que amplían aún más las brechas de desigualdad.

Esto es un fenómeno estructural en México, dado que tiende a ser reiterativo y trasciende a la esfera de lo individual. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis), el 36% de los hombres encuestados cree que la pobreza de las personas indígenas se debe a su cultura, en el caso de las mujeres, no varía mucho el porcentaje, pues el 33% considera lo mismo.

Es esta condición de atraso y pobreza, en la que se encuentra la mayor parte de nuestra población indígena, se reproduce la vulnerabilidad y se limitan las alternativas de desarrollo. El Coneval nos dice que de las 11.9 millones de personas que representan la población total de indígenas, 8.71 millones (73.2%) vive en condiciones de pobreza moderada. Mientras que 2.77 millones (31.8%) están en la pobreza extrema.

¿Por qué no ha podido romperse el ciclo de pobreza en torno a este sector? No hay una respuesta concreta. Los motivos y sus posibles soluciones tienen un enfoque de multicausalidad. Sin embargo, puedo mencionar dos razones que tienen incidencia: 1) Falta de focalización en las políticas públicas y 2) Limitaciones locales en el ejercicio del presupuesto.

Para lograrlo es necesaria una reforma al artículo 115 que nos lleve a reconocer lo que, por derecho, en el plano jurisdiccional nuestras comunidades ya han conquistado, y se resume a dos aspectos fundamentales:

*Que las autoridades tradicionales de nuestras comunidades sean reconocidas como autoridades políticas, así como las formas tradicionales de su elección.

*Quienes sean electas o electos mediante sus usos y costumbres puedan acceder al presupuesto público que les corresponde de acuerdo con su población, para así garantizar su desarrollo integral.

Es obligación del Estado el respetar la autonomía y la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, así como el derecho de nuestras comunidades autónomas para gestionar la vida en común de nuestros pueblos originarios.

En el marco de esta Cuarta Transformación es de suma importancia el reivindicar y materializar los derechos humanos de nuestros pueblos originarios. Hay que partir de reconocer a plenitud, en el texto constitucional, las figuras garantes de su derecho a libre determinación con su vertiente del derecho a la autonomía y autogobierno.

Senador de la República (Morena)*