Los contrastes del caso Cienfuegos

Esta semana sorprendió a la opinión pública el regreso a territorio nacional del otrora general secretario Salvador Cienfuegos, detenido semanas atrás en Estados Unidos por acusaciones relacionadas con narcotráfico y lavado de dinero. Su polémico retorno a México se da luego de que la Fiscalía General estadunidense desistiera de perseguir su caso tras un acuerdo político conseguido con su contraparte mexicana y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

A su llegada, Cienfuegos fue recibido por autoridades federales quienes le informaron que se inició un proceso de investigación en su contra sustentado con información que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) recopiló para proceder a su captura.

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El regreso de Cienfuegos bien puede acreditarse como un éxito en política exterior de la actual administración, pero también demostró el desgaste interinstitucional entre las dos naciones en varios de los tópicos de mayor trascendencia, como lo pueden ser la lucha contra el narcotráfico y los temas estratégicos fronterizos y de seguridad nacional.

Este “éxito” al que me refiero se decanta en el sentido de que el general ya se encuentra en México tras una secuencia de hechos inauditos que no reflejan el anteceder histórico de mutuo respeto dentro de la relación bilateral entre ambas naciones, ni los acuerdos militares conseguidos en las últimas décadas y más cuando se pone en juicio no sólo la inocencia del general secretario, sino los mecanismos estrictos que el servicio civil de carrera demanda para quienes pretenden avanzar en la cadena de mando militar.

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Al poner en tela de juicio al general Cienfuegos se pone en duda toda la cadena de mando meritocrática dentro de una institución que hoy está estrechamente ligada a los planes estratégicos de desarrollo y gobernabilidad de México.

Al parecer, desde que las desafortunadas declaraciones del Presidente, sucesivas a la detención (cuando consideró al general como un ejemplo más de la corrupción que impera en el país) se recapacitó sobre la importancia primaria del ejército y el hecho de que su máximo representante haya sido detenido en suelo extranjero, sin previo aviso, ni mucho menos consideración.

En esta historia también se vieron exhibidas las fiscalías generales tanto la de Estados Unidos como la de México.

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En principio, fuimos testigos del desorden interno que impera tras cuatro años de gobierno trumpista, además de las implicaciones del proceso electoral complejo y profundamente divisorio que llevó a Biden a la virtual presidencia de nuestro vecino del norte.

Lo anterior nos hace pensar que, si en realidad existieran esas pruebas contundentes que se anunciaron en contra del exsecretario y se vieran afectados sus intereses nacionales, no habría existido negociación alguna con México.

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Ahora bien, ya es responsabilidad de la Fiscalía General de la República (FGR) continuar con las investigaciones iniciadas en Estados Unidos de un proceso tan complejo y políticamente costoso, que como hemos visto, va en detrimento de todas las Fuerzas Armadas y consecuentemente, la gobernabilidad del país. Habrá que revisar la capacidad que tiene la FGR como ente procurador de justicia y si en el país tenemos un Estado de derecho lo suficientemente, robusto para llevar a una conclusión este caso.