El litio y su utilidad pública: ¿nacionalización, estatización o expropiación?

Por Juan Carlos Machorro

El tema de la mal llamada nacionalización del litio presenta preguntas y retos de importancia, al apostar el gobierno federal por un modelo de exclusividad estatal, similar al modelo boliviano, que no funcionó. 

 Habrá que preguntarse, para empezar, si el decreto que reforma a la Ley Minera no tiene visos de inconstitucionalidad, por una parte, y de violaciones a acuerdos comerciales, por la otra. 

 Por otro lado, cabe cuestionar si el Estado mexicano se encuentra en posibilidades reales de asumir en forma exclusiva (y responsable cabría agregar) el aprovechamiento de este mineral, así como el control y la administración de sus cadenas de valor, amén de la consistencia (o falta de ésta) al asumir retóricas nacionalistas desde el bloque comercial más importante del planeta. 

 En tercer lugar, es necesario preguntarnos qué ocurrirá con las concesiones otorgadas con anterioridad al decreto de abril, cuyos titulares cuentan desde luego con derechos concesionarios legítimamente adquiridos. 

 Por lo pronto, el tiempo corre ya para crear el organismo descentralizado que se encargará, en forma exclusiva en términos del decreto, de la exploración, explotación y aprovechamiento del litio. La fecha límite apunta al mes de agosto próximo. 

El tema de los recursos económicos, humanos y tecnológicos necesarios para explorar, explotar y aprovechar el litio en México, no es uno menor. Es cuando menos cuestionable que el Estado mexicano cuente con dichos recursos en un país en el que los activos son arcillosos, a diferencia de otras latitudes (incluyendo el llamado triángulo del litio conformado por Bolivia, Chile y Argentina en Sudamérica) en donde los salares permiten explotar el mineral a partir de tecnologías más conocidas y desarrolladas. 

 La retórica nacionalista y reivindicatoria de recursos naturales, tan socorrida por economías emergentes y destacadamente por países latinoamericanos, podría no ser del todo compatible con la realidad del litio ubicado en territorio mexicano y las expectativas reales de explotación y aprovechamiento de dicho mineral. En efecto, la realidad de desarrollo medio de nuestro país, puesta en el contexto del acuerdo comercial de Norteamérica, permite cuestionar si, en efecto, un modelo de exclusividad estatal es lo más sensato y eficiente. El mercado norteamericano llega tarde a la cita con el litio y, a diferencia de otros países de la región (el triángulo del litio incluido), México participa de una u otra forma de manera preponderante en todos los eslabones de cadenas de valor en diferentes industrias, notoriamente en el sector automotriz, llamado a reinventarse. 

 Ni qué decir del riesgo, existente y muy considerable, de toparnos, una vez más, con argumentos sólidos de inconstitucionalidad y violaciones francas a compromisos asumidos en acuerdos comerciales internacionales. Misma historia, diferente sector. 

 Finalmente, habrá que definir si, en efecto, pretenden respetarse concesiones otorgadas (en cuyo caso no podría hablarse de exclusividad del Estado) o si estamos en un ámbito, no menos pantanoso, de expropiación de activos y derechos existentes. Para complicar un poco más el tema y desafiar respetuosamente a la narrativa oficial, las concesiones mineras no se refieren a minerales en específico, con lo cual es posible anticipar la existencia de derechos adquiridos no en decenas, sino de cientos de concesiones que podrían argumentar válidamente que cuentan con derechos legítimos para explotar el litio. En otras palabras, el riesgo de retroactividad podría ubicarse en un plano potencialmente más amplio que aquel estimado inicialmente por nuestro gobierno. 

 En resumen, el marco constitucional y regional, y consideraciones de carácter geopolítico y geoeconómico asociadas a este mineral, parecen complicar el tránsito del objetivo que se persigue. 

 En éste, como en otros temas, el tiempo es oro y las ventanas de oportunidad eventualmente se cierran. La situación invita a reflexionar acerca de alternativas y la conveniencia de un sistema mixto de coinversión en el sector y las cadenas de valor involucradas.