La decisión de India sobre Cachemira, explicada

Por Kanwal Sibal*

La anulación del artículo 370 es un asunto interno de India. Los acuerdos constitucionales entre India, Jammu y Cachemira (J&K) siempre han sido una cuestión de gestión política interna. Las resoluciones de la ONU sobre Cachemira precedieron al artículo 370; no estipulaban ningún acuerdo constitucional particular entre India y el estado de J&K. Si a UNMOGIP se le permitió estar presente en J&K durante varios años, fue para monitorear el alto al fuego, no para supervisar el estatus constitucional de J&K.

Si la política interna de India y las cuestiones jurídicas prolongaron la vida del artículo 370, consideraciones políticas de interés nacional superior han obligado a su revisión.

MANO MORTAL

La dirección mayoritaria musulmana del estado, que controla la política, ha contribuido de todas las maneras posibles a crear una alienación bidireccional entre Cachemira y el resto de India.

La mano mortal de Pakistán ha sido la raíz de la cuestión de Cachemira y de su proyección en el escenario internacional. Pakistán ocupó ilegalmente una parte del estado de J&K en 1947 (PoJ&K), lo que llevó a India a buscar reparación en la ONU. Luego violó las Resoluciones de la ONU al no retirarse de los territorios ocupados ilegalmente como condición previa para un plebiscito. Al cometer una agresión militar contra India en Cachemira en 1965 y 1971, volvió a violarlas. Con su ataque terrorista contra Cachemira, en 1990, ha violado el Acuerdo de Simla. Su aventura militar en Kargil, en 1999, destinada a internacionalizar la cuestión de Cachemira, fracasó.

Los cambios constitucionales de India en J&K mediante la creación de dos territorios de la Unión separados, que comprenden J&K y Ladakh, no afectan sus fronteras.

Pakistán está movilizando una campaña internacional contra el movimiento constitucional de India en J&K. De hecho, Pakistán está creando tensiones por sus ataques estridentes y desenfrenados contra India, incluidos los abusos personales hacia su primer ministro, y por conjurar la amenaza de una guerra nuclear. China ha apoyado la apuesta de Pakistán por internacionalizar la cuestión de Cachemira mediante la organización de un debate a puerta cerrada sobre J&K en el Consejo de Seguridad de la ONU en agosto. Pakistán continúa sin inmutarse por este retroceso y ha planteado la cuestión de las violaciones de los derechos humanos en J&K ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra (y ha recibido una respuesta adecuada de India), y tiene la intención de presentarla en el próximo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

SIN CONDICIONES

Pakistán no está en condiciones de proyectarse como un protector de los derechos humanos en J&K, dado su abominable historial de derechos humanos en el tratamiento de grupos étnicos y minorías.

Contrario a los cambios constitucionales realizados en J&K a través de un proceso parlamentario democrático que está abierto al escrutinio judicial, Pakistán ha introducido importantes cambios unilaterales en el PoJ&K, al ceder, ilegalmente, el valle de Shaksgam a China. Ha cambiado el statu quo territorial y geopolítico y ha amenazado la seguridad de India con el CPEC, con el posicionamiento permanente de personal militar y civil chino en esta región.

Dada la realidad del terrorismo patrocinado por Pakistán en J&K durante los últimos 30 años, sus representantes que operan en el estado, el uso de redes sociales para instigar a la violencia, la radicalización de una sección de los musulmanes de Cachemira, las actividades de los separatistas tutelados y apoyados durante mucho tiempo por Pakistán, India ha considerado conveniente, con base en experiencias pasadas y lecciones aprendidas, imponer restricciones a la circulación y a las comunicaciones en el valle de Cachemira para garantizar la seguridad de los ciudadanos respetuosos de la ley y prevenir la violencia terrorista. Se trata de medidas de carácter temporal, que las autoridades irán levantando progresivamente a medida que vayan supervisando la situación.

Los que critican a India por violar los derechos humanos en J&K están mostrando una falta de respeto por su democracia. Las democracias también tienen que defenderse de amenazas externas, pero, a diferencia de algunos de los que son críticos, India no ha intervenido militarmente en el extranjero ni ha infligido una terrible miseria a millones de personas expulsando a gobiernos desagradables y desestabilizando sociedades enteras, tampoco ha encarcelado a un número incontable de personas en campos de reeducación para combatir el radicalismo, interfiriendo con las prácticas religiosas de las minorías, etcétera.

Los países amigos deben estar atentos para no alentar la campaña hostil de Pakistán contra India y fomentar sus excesos verbales y su histeria guerrerista. No es posible reanudar el diálogo con Pakistán a menos que renuncie al terrorismo de forma creíble y verificable.

Pedir a India que respete los derechos humanos y restablezca el acceso a servicios como internet y las redes móviles y reanude el compromiso político con los dirigentes locales y programe las elecciones prometidas lo antes posible es un enfoque muy arbitrario que equivale a una injerencia en los asuntos internos de India.