Del somocismo al orteguismo: la ausencia de derechos humanos en Nicaragua

Por Salvador Beltrán del Río*

Para el profesor Tom J. Farer, integrante de la CIDH, 1976-1983.

En la antigua sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington D.C., había una gran fotografía de sus integrantes con un grupo de sandinistas en una de las visitas que la Comisión realizó a Nicaragua para la observación in situ de las atrocidades cometidas a lo largo de casi 40 años de gobiernos dictatoriales bajo la dinastía de los Somoza, Anastasio Somoza García, Luis y Anastasio Somoza Debayle. Los resultados de las visitas de la CIDH que iniciaron luego del asesinato del periodista y político Pedro Joaquín Chamorro en enero de 1978, quedaron plasmados en el primer informe sobre la situación de los derechos humanos en ese país centroamericano.

Con los señalamientos y recomendaciones contenidas en ese Informe, la XVII Reunión Consultiva de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada el 23 de junio de 1979 declaró: “Que la solución al grave problema corresponde exclusivamente al pueblo nicaragüense basada en: 1. El inmediato y definitivo reemplazo del régimen somocista; 2. La instalación en el territorio de Nicaragua de un gobierno democrático cuya composición incluya los principales grupos representativos opositores al régimen de Somoza y que refleje la libre voluntad del pueblo de Nicaragua. 3. Garantía de respeto de los derechos humanos de todos los nicaragüenses sin excepción. 4. Realización de libres elecciones a la brevedad posible que conduzcan al establecimiento de un gobierno auténticamente democrático que garantice la paz, la libertad y la justicia”.

Así, cuando el último de los Somoza presenta a la Asamblea Nacional su carta de renuncia al cargo el 16 de julio de 1979, expresa que, tras consultar a países interesados en solucionar el conflicto, “he decidido acatar la disposición de la (OEA) y por este medio renuncio a la Presidencia a la cual fui electo popularmente”.

La CIDH, creada en 1959, es un órgano autónomo de la OEA cuyo mandato se encuentra en la Carta de la OEA (Bogotá, 1949) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Pacto de San José”, 1969), está integrada por siete miembros independientes elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal.

A lo largo de sesenta años ha sido la institución vigilante de los derechos humanos en el continente americano, en particular América Latina, realizando cientos de visitas para observar la situación que guardan en decenas de países, generado decenas de informes por país, especiales y de seguimiento a las recomendaciones específicas. Las dictaduras del cono sur, de Centroamérica o del Caribe han sido escrupulosamente analizadas y condenadas en los minuciosos informes del organismo.

En el caso de Nicaragua, hay cinco informes particulares y decenas de informes de seguimiento. De los primeros, se encuentran el ya mencionado de 1978, el de 1981, ya referido al gobierno sandinista, el de 1983 sobre la situación de la etnia de los Miskitos, así como el del año 2018, luego de la violenta represión del gobierno de Ortega en abril de ese año a sus opositores.

El último informe acaba de ser publicado el 25 de octubre pasado, Nicaragua, concentración del poder y debilitamiento del Estado de Derecho, en el que la CIDH hace un detallado análisis de la lamentable situación en la que se encuentra ese país.

En los antecedentes destaca dos hechos clave que han llevado a la total descomposición política, social y de abierta violación a los derechos humanos en que se encuentra ese país: Primero, el pacto Alemán-Ortega de 1999 tramado por el propio Ortega y el expresidente Arnoldo Alemán (Partido Liberal Constitucionalista) por el que se instaura un seudobipartidismo, se coopta a gran número de funcionarios públicos y legisladores a la Asamblea Nacional, se hacen nombramientos de incondicionales en la Corte Suprema de Justicia, logrando poco a poco el control en ambos y como resultado, una nula división de poderes. Segundo, las graves crisis política, social y de franca violación de los derechos humanos tras la violenta represión policial a opositores en abril de 2018, que dejó 212 muertos y mil 337 heridos. La CIDH señala que a partir de entonces se instaura en Nicaragua un estado de excepción, con repercusiones claramente negativas para todos los nicaragüenses.

El informe hace un meticuloso análisis del quebrantamiento del principio de separación de poderes, de la consolidación de Ortega en el poder usando las fuerzas de seguridad pública, la Policía Nacional, el Ejército, así como aparatos de vigilancia y control político; el control del Ejecutivo sobre el Poder Judicial y el Ministerio Público.

El capítulo 3 del informe es un detallado análisis de la situación de los derechos políticos y el derecho a participar en asuntos públicos, la realización de detenciones arbitrarias y criminalización de precandidatos presidenciales y opositores al gobierno que tiene ahora en la cárcel a siete personas y a dos en el exilio. La cancelación del registro a varios partidos políticos opositores, el cierre de espacios democráticos y persecución contra medios de comunicación, periodistas, defensores de los derechos humanos entre otros. Analiza seis leyes por las que se han venido restringiendo los derechos y libertades que han tenido por objeto cerrar los ya limitados espacios democráticos. Tan sólo dos de esas reformas fueron aprobadas en pleno año electoral: Ley 1060 que reforma y adición al Código Procesal Penal y la Ley 1070 que reforma y adiciona la Ley Electoral.

La CIDH concluye, “las elecciones generales programadas para (este domingo 7 de) noviembre de 2021 ocurren en este clima de represión y cierre de los espacios democráticos en el país. Con ello se busca la perpetuación en el poder en forma indefinida y mantener privilegios e inmunidades, en un contexto de represión, corrupción, fraude electoral e impunidad estructural”, para luego desafiar al gobierno nicaragüense a “buscar fórmulas con la participación de la sociedad civil que permitan restablecer las garantías y libertades democráticas propias de un Estado democrático de Derechos mediante la separación de poderes, así como garantizar las condiciones para la realización de elecciones justas, libres y transparentes.

Finalmente, reta a los Estados miembros de la OEA y a la comunidad internacional a exigir al Estado nicaragüense la realización de elecciones libres, transparentes y justas y a poner fin inmediato a la represión y las detenciones arbitrarias, así como a todas las demás violaciones a los derechos humanos que se vienen registrando en ese país.

A 42 años de distancia del triunfo del sandinismo, Nicaragua vive nuevamente bajo un régimen dictatorial que ahora encabeza uno de sus líderes, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Daniel Ortega se une a la tristemente célebre lista de dictadores latinoamericanos, junto con Pinochet, Videla, Duvalier, Trujillo, Stroessner… Paradójicamente su foto está ya al lado de los Somoza.

*Director de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México y miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi).