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Presidente López Obrador: “El gobernador en vez de ayudar a que se cumpla con este acuerdo (Tratado de 1944), se opuso…”. “No ha habido comunicación con el gobernador Corral, sólo entrevistas en las que dice que no se va a dejar”.

Obran en mi poder los acuses de recibo que la Representación de Chihuahua llevó a la Secretaría Particular de Palacio Nacional a donde se entregaron sendas cartas del gobernador Corral solicitando audiencia para tratar el problema del agua. Las misivas tienen fecha del 28 de julio y del 10 de septiembre. A la fecha no ha habido respuesta. En ambas misivas, el gobernador reitera su compromiso para con el cumplimiento del Tratado de 1944, por considerarlo benéfico para México y por ser un compromiso internacional: “En público y en privado, he sostenido que jamás arriesgaremos al Presidente de México y mucho menos a nuestro país”. En la carta, el gobernador propone cambios de fondo en la Conagua, por haber solapado la corrupción en el manejo del agua durante muchos años y propone modernizar los instrumentos de medición de los volúmenes de presas, corrientes y ríos, mediciones que sean inalterables y públicas, de tal manera que se genere confianza y transparencia.

A la fecha, autoridades y productores locales acuden a las mediciones de la contraparte americana de la CILA (Comisión Internacional de Límites y Aguas) para conocer cifras más confiables. Por ejemplo, en esa mañanera, la directora de Conagua, la doctora Blanca Jiménez, afirmó que Chihuahua debía 319.8 mm3 (millones de metros cúbicos), pero en la página de Estados Unidos se informaba que la entidad sólo debía 283 mm3.  Al consultar esa misma fuente americana, se infiere que para el 24 de octubre de 2015, cierre del ciclo 34 (2011-2015), México quedó a deber 324 mm3 de agua, al tiempo que había líquido más que suficiente para pagar tanto en las presas binacionales como en presas interiores. Fue la omisión de la Conagua la que ha creado el problema actual.

En esa misma mañanera, el presidente López Obrador afirmó que: “Al día de hoy, (Chihuahua) sólo ha entregado 55% mientras que los otros estados han pagado el 100% desde diciembre”. En realidad, de noviembre de 2019 a este enero se han extraído 200 mm3. Chihuahua solicitó que esa cantidad se aplicara totalmente al pago del Tratado, pero Conagua sólo destinó 75 mm3, por ello discrepan las cifras de la entidad y las de la Conagua. Diariamente se extrae agua de la presa El Granero por la obra de toma, porque la presa está tan baja que aun abriendo las compuertas el agua no fluiría. Se extrae también agua de la presa Las Vírgenes. Con estas extracciones hasta el 24 de octubre y agua acumulada en las presas binacionales se podrá cumplir con el compromiso del Tratado.

Históricamente, los pagos que hace Chihuahua al Tratado no provienen de las presas, sino de escurrimientos en la cuenca del Conchos, que en un año semiseco son de aproximadamente 320 mm3. Los aportes del río Conchos y sus afluentes al río Bravo se dan del 20 de julio al 30 octubre, durante la temporada de lluvia. Pero este año no hubo “temporada de lluvias”, sólo 3 o 4 días de lluvia. Chihuahua está en el proceso de formalizar la solicitud para que se declare emergencia por extrema sequía. Ésa —y no “conspiraciones contra la 4T”— es la razón por la que productores y el estado se oponen a la extracción de agua de la presa La Boquilla, lo que arriesgaría el ciclo agrícola 2021.

Hablo de montaje porque en las actuaciones del subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, ha habido falsedades sin fin. Al intentar explicar por qué el gobierno de Chihuahua se opuso a la medida unilateral de extraer agua de la presa La Boquilla, inventó una conspiración de nogaleros, según él usufructuarios de concesiones en la cuenca del Conchos. Pero resulta que las familias a las que se refirió no cultivan en esa región, sino a unos cien killómetros, cerca de Jiménez y no utilizan agua de la presa, sino de pozo. La producción agrícola de la cuenca del Conchos depende de 12 mil productores con un promedio de propiedad de 5 hectáreas; casi 6 mil se presentaron a las protestas. Muchas de éstas afectaron al gobierno del estado, como cuando se quemó el Registro Civil de Delicias o como con la toma de las vías férreas, que, aunque son de índole federal, afecta intensamente la economía local. Esta misma información basta para acabar con la grave acusación del subsecretario de que de las reuniones de seguridad se filtraba información hacia el Partido Acción Nacional. ¿Pedirle a su partido que incendie edificios del gobierno estatal? De lo que menos sufre el gobernador Corral es de masoquismo.