César Duarte es un santo varón

La Sección Instructora en el juicio de procedencia contra el gobernador de Tamaulipas y el senador por Chihuahua estuvo presidida por el diputado Pablo Gómez, quien había recomendado no aprobar la Ley Zaldívar, pero que sumisamente la aprobó. Fue él quien declaró que, para proteger la presunción de inocencia del gobernador de Tamaulipas, sería ilegal que el desahogo de pruebas fuera público. Bastó una llamadita de la Consejería Jurídica de Presidencia para no sólo autorizarla, sino, además, convertirla en un espectáculo público transmitido por el Canal del Congreso y las cuentas de la Cámara en Facebook, YouTube y Twitter, en lo que los americanos llaman “asesinato de una personalidad”. En contraste, a la FGE de Chihuahua se le negó el desahogo de pruebas contra el senador Pérez Cuéllar. Además, contrario a lo que marca el reglamento, la mayoría morenista impidió que el PAN pudiera tener un integrante de la Sección Instructora, a pesar de ser la segunda fuerza en la Cámara.

En cuanto al título de este artículo no lo digo yo. Es lo que se concluye del dictamen de la Sección Instructora (SI) y que está publicado en la Gaceta Parlamentaria del 28/04. Al aprobarlo, la mayoría de Morena abraza la defensa de quien cuatriplicó la deuda de Chihuahua y robó cientos de millones del patrimonio de ese estado. ¿Combate a la corrupción? ¡Pamplinas!

El delito principal de que se acusa al senador chihuahuense es “encubrimiento por receptación”. Este delito contenido en el artículo 239 del Código Penal de Chihuahua requiere que exista otro delito principal que se encubre al beneficiarse del fruto de aquél. El delito referido es el de peculado agravado, del que la FGE acusa al exgobernador César Duarte. De tal manera que la única manera de salvar al senador era salvar a quien lleva un año tras las rejas en Florida: César Duarte. La defensa del senador argumenta que este delito principal, el de Duarte, no se configura porque no hay sentencia. La Sección Instructora, inspirada por la defensa de Pérez Cuéllar, declara en su dictamen que no se presentaron auditorías sobre los 548 millones de pesos faltantes en la Secretaría de Hacienda y que “no demostró fehacientemente el destino de los recursos públicos o que permitan su fiscalización mediante las facultades de comprobación”. Curiosamente, este argumento coincide con el de la alcaldesa con licencia Maru Campos, cuya defensa presentó en la audiencia de vinculación un informe positivo de la Auditoría Superior local en 2015.

¿La SI pide que un gobierno en el que la corrupción era sistémica se audite a sí mismo de forma honesta? No, casualmente la Auditoría no encontró fallas relevantes. El auditor superior del estado, Jesús Manuel Esparza, escogido por César Duarte, había sido su contador. Actualmente se encuentra en prisión preventiva y enfrenta más de 10 procesos penales por peculado y por enriquecimiento ilícito de más de 60 millones de pesos.

La FGE ha demostrado y documentado —y eso permitió que se tramite actualmente la extradición del exgobernador— la ruta del dinero desaparecido hasta que éste se hace líquido y se dispersa. La SI se queja de que los recibos originales presentados —no copias simples, como mentirosamente afirma la SI— no son membretados y con folio. Pero precisamente porque se trataba de operaciones ilegales no había papelería oficial. Tan se trata de hechos consumados que el gobierno de Chihuahua ha recuperado, a la fecha, más de 400 millones de pesos sustraídos por el exgobernador Duarte.

Como lo señala el juez Samuel Uriel Mendoza en el auto de vinculación a proceso de María Eugenia Campos, María Ávila y Rodrigo de la Rosa, a la sazón dirigentes de las bancadas del PAN, el PV y el PRI en el Congreso local durante el segundo trienio de Duarte, “la nómina secreta existió” como un mecanismo para garantizar la aprobación del endeudamiento del estado y la cuenta pública. En el primer trienio, el hermano del senador Alejandro Pérez Cuéllar era diputado local del PAN y aprobó las cuentas del gobierno.

Después de leer esta aberración de dictamen no me sorprende la coincidencia entre las declaraciones de la alcaldesa con licencia Maru Campos y el senador Pérez Cuéllar: la “nomina secreta no existió”, de donde se deduce que César Duarte es un santo varón.