El Insabi: sin certeza y caos

“El 1º de diciembre de 2020, no de 2024, se vivirá un cambio en la salud de los mexicanos, así lo afirmó en entrevista Juan Ferrer Aguilar, titular del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Y mientras tanto, los pacientes con tratamientos en curso sin poder afrontar el gasto de bolsillo para pagar las cuotas del tercer nivel de atención que, además, son las enfermedades más costosas, ¿qué deben esperar? El Seguro Popular quedó extinguido el 31 de diciembre del año pasado, es decir, apenas hace 18 días, y dejó a 53 millones de afiliados sin certeza en su acceso a la salud.

El artículo 4º de la Constitución Política de nuestro país establece claramente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y que la Ley General de Salud definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. Entonces es obvio que este artículo señala cuáles son las bases que deben existir para una concurrencia entre la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. La salud es un derecho social, y el derecho a la salud es un esquema complejo que implica una serie de obligaciones por parte del poder público. Es decir, genera, como sucede con todos los derechos sociales, la obligación del Estado de desarrollar acciones positivas tendientes justamente a proteger la salud o remediarla cuando ha sido afectada.

La realidad es que la desaparición del Seguro Popular y la creación del Insabi han traído incertidumbre a los usuarios y a los contribuyentes. Esta reforma legal no debió ocurrir sin antes tener los andamios administrativos y financieros muy claros. Tampoco se tomó en cuenta el desarrollo demográfico de México, caracterizado por un descenso de la mortalidad general ni tampoco se consideraron las condiciones de salud actuales de la población. México ha experimentado un proceso de urbanización en el que se ha visto involucrado prácticamente todo el país. De acuerdo con el Inegi, casi el 80 por ciento de la población vive en localidades urbanas.

En nuestro país somos 126 millones de habitantes, de los cuales casi la mitad pertenecía al Seguro Popular y no sólo tenía acceso efectivo a los servicios de salud, sino que esto iba acercándonos a la tan anhelada cobertura universal de salud. En principio, recordemos que la organización del sector salud en México es compleja y fragmentada y ofrece una protección incompleta y desigual a la población. En los últimos años, con la reforma e introducción del Seguro Popular, se habían canalizado mayores recursos financieros para avanzar en la cobertura y la oferta de servicios. El Seguro Popular era a final de cuentas un aseguramiento público y era también un vehículo financiero para la atención médica de sus afiliados.

El aumento de la esperanza de vida y la creciente exposición a los llamados riesgos emergentes, relacionados con estilos de vida poco saludables y violencia, han modificado las principales causas de muerte en el país. México presenta un panorama que se caracteriza por el predominio cada vez mayor de las enfermedades no transmisibles y lesiones. La transición demográfica y epidemiológica ha colocado a los servicios de salud en una situación muy particular, en la cual, sin haber eliminado completamente las viejas causas de demanda de atención—la atención prenatal, las enfermedades infecciosas— deben enfrentarse ahora un gran número de usuarios con patologías crónicas como la diabetes o la hipertensión.

Sin embargo, el cambio en el perfil de usuarios no se ha acompañado de un cambio a la misma velocidad en la organización de los servicios. Y lo que es peor, ahora las consultas médicas para el tercer nivel son las más caras para los pacientes y tampoco están disponibles las camas de hospital, equipamiento y los medicamentos en los hospitales de alta especialidad en el país, como antes. El recorte presupuestal, la desinformación y la desaparición del fondo de gastos catastróficos han provocado esta crisis en el acceso efectivo de los servicios.

Esta reforma a la Ley General de Salud no previó una transición administrativa. Tampoco una campaña de información para los usuarios, ni para el personal médico y los gobernadores que desconocen las reglas de este nuevo esquema. Las implicaciones pueden ser devastadoras porque en medio de todo está la salud de las personas.