Democracia y salud pública

Esa misma noche, al cierre de las casillas, el vencedor recibió el reconocimiento de todas las fuerzas políticas que participaron en la contienda. Lo que debe traducirse en altos niveles de calidad y madurez en nuestra democracia electoral. La numerosa participación de la ciudadanía respalda la credibilidad de las instituciones y leyes electorales del país, como el Instituto Nacional Electoral (INE).

Más de la mitad de la población mundial vive en países sin libertades civiles o derechos políticos básicos. Ya sabemos que los pobres enferman más y mueren anticipadamente. Y que el desarrollo económico de un país repercute directamente en la salud y el bienestar de su población. Cuando la salud pública que ofrece un país es óptima, las personas se benefician en todos los aspectos: pueden vivir en condiciones semejantes a la mayoría de la comunidad y tener la oportunidad de competir en el mercado laboral. Y a la inversa: si la salud pública es deficiente, impide al ser humano su desarrollo personal y al país le arroja indicadores de pobreza y detiene su desarrollo social.

Existe un estudio que se publicó hace ya varios años en el British Medical Journal, por tres epidemiólogos pertenecientes al Observatorio de Políticas Públicas y Salud de España, en donde analizaron los datos de 170 países. Y su conclusión muestra que los mayores niveles de salud de la población se dan en los países libres y democráticos, seguidos de los parcialmente libres, mientras que los países donde no hay un régimen político de libertades tienen peores niveles de salud. Existen evidencias de que en un país democrático se reducen los índices de mortalidad.

Los investigadores concentraron su análisis en tres indicadores básicos: esperanza de vida, tasa de mortalidad infantil y mortalidad materna. Los resultados fueron que la implantación de un régimen democrático en un país, con independencia de otros factores, como su riqueza, nivel de desigualdades o gasto público aumentaría 13% la esperanza de vida de la población y reduciría 11% la mortalidad infantil y, 6% la tasa de mortalidad materna.

Para ubicar en México la situación de nuestro sistema de salud, no basta con analizar los servicios de salud pública, es necesario considerar la sociedad, su estructura y el Estado que la representa. Tenemos un sistema de salud fragmentado en público y privado: la mitad de la población cuenta con seguridad social a través del IMSS, Pemex, Marina, Fuerzas Armadas; 40% más está afiliado al seguro popular y el IMSS Prospera por ser población que no cuenta con un seguro médico; 2% de los mexicanos paga un seguro médico privado; el resto aún no tiene cobertura médica.

México tiene 128 millones de habitantes. El desarrollo demográfico se caracteriza por un descenso de la mortalidad general; un incremento en la esperanza de vida y una disminución en la fecundidad que de siete hijos por mujer en edad reproductiva en los años sesenta pasó a dos en 2008. Estos tres fenómenos han dado lugar a un envejecimiento poblacional, la población de adultos mayores muestra una tasa de crecimiento superior a 4% anual que la llevará a concentrar poco más de la cuarta parte de la población nacional en 2050.

Somos un país democrático, y desde luego que existe una intersección muy clara entre salud y derechos humanos. Sabemos que la equidad es una de las categorías principales de la cohesión social. Desafortunadamente, existe aún una brecha entre aquellos mexicanos que viven en las zonas más marginadas y no cuentan con acceso a los servicios de salud, o bien, el alto porcentaje de gasto de bolsillo que aún expone a la población a gastos excesivos por motivos de salud. Los resultados electorales del 1º de julio se traducen en una serie de demandas no satisfechas para muchos mexicanos, incluidas la del acceso a la salud, así como un creciente descontento por las desigualdades sociales que aún persisten.

Estas nuevas condiciones políticas abrieron irremediablemente una nueva agenda para la vida pública del país. Para hacerla realidad, debemos llevar el concepto de democratización al corazón mismo de la salud, lo cual significa contar con un sistema de atención que responda con calidad a las necesidades y expectativas de los ciudadanos. El mayor reto del actual sistema de salud es buscar alternativas para fortalecer su integración, de tal manera que se garantice un paquete de servicios común a todas las personas y se logre finalmente el ejercicio universal e igualitario del derecho a la protección de la salud. Se requiere vincular a la salud con el desarrollo económico y social, reducir los rezagos que afectan a los más desfavorecidos y brindar protección financiera a toda la población.