El CIDE en la mira

Si bien en todos los regímenes hay discordias entre el saber y el poder, en la democracia se resuelven por medio de debates y la búsqueda de entendimiento. La libertad de pensamiento es la premisa sobre las que se levanta esa relación.

En sistemas autoritarios los gobernantes intentan ponerle límites al pensamiento crítico, en tanto que los dictadores anhelan a suprimirlo. En ambos casos se manifiesta el deseo de que la hegemonía política abarque a la cultura y se desparrame en la sociedad y en la plaza pública.

El presidente López Obrador manifiesta a cada rato su aversión a las instituciones autónomas, las quiere alineadas a su narrativa –que no proyecto– de la Cuarta Transformación. Va en campaña abierta contra el Instituto Nacional Electoral, acusa de neoliberales y conservadoras a la Universidad Nacional Autónoma de México y a otras universidades públicas, y la prensa independiente le provoca escozor.

La Cuarta Transformación muestra vocación autoritaria, quizás aspire a reducir al mínimo el libre albedrío de cualquier órgano del Estado. Más aún si no son autónomos.

Hoy, vía el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, apunta contra el Centro de Investigación y Docencia Económicas, una institución de abolengo que no es autónoma por ley, pero disfruta de libertad académica. Este atributo le permitió ganar prestigio por la calidad de sus programas; está sectorizado en los Centros Públicos de Investigación Conacyt.

Tiene la encomienda de formar personal de alto nivel. Muchos de los productos de sus estudiosos buscan soluciones a problemas públicos. Ofrece cuatro licenciaturas, siete maestrías y tres doctorados; todos esos programas son de alta calidad.

El acecho al CIDE surgió casi desde el comienzo del sexenio. Ya se sabe, se eliminaron fideicomisos con el fin de alinear al pensamiento único las instituciones del poder central. Dado que muchos investigadores del CIDE participan en la plaza pública y disienten de la verdad oficial, se les bloquearon proyectos –incluso algunos con financiamiento externo– y se acosó al director general, Sergio López Ayllón, quien se vio forzado a renunciar.

La directora general del Conacyt designó a José Antonio Romero Tellaeche como director general interino. Economista, profesor de El Colegio de México, que en unos meses echó por la borda cierto prestigio que le acompañaba.

La semana pasada mostró su verdadero talante ante la comunidad del CIDE. Destituyó a Catherine Andrews como secretaria académica por “rebeldía”. Ella se negó a romper la norma. Unas semanas antes removió a Alejandro Madrazo, director de la sede centro, en Aguascalientes. Su pecado: exhibir independencia de criterio.

No importa si la junta directiva no designa al actual director interino como titular; el otro candidato es un político profesional (cierto con calificaciones académicas) militante de Morena.

Sin embargo, la comunidad del CIDE protesta y se manifiesta. Ostenta la resistencia del saber frente al poder.