El Estado no punitivo

Aunque por momentos parece que ya gobierna, López Obrador no se ha sentado aún en la silla presidencial. Con frecuencia sigue actuando como si estuviera en campaña, prometiendo a diestra y siniestra. Continúa recurriendo a muchos de sus viejos temas. Respecto al papel de las fuerzas armadas, el sábado dijo: “Ahora los marinos y los soldados tienen que ayudarnos sin el uso de la fuerza como un ejército de paz, para garantizar la seguridad interior y la seguridad pública”.

Un Estado que no use la fuerza parece ser el sueño de la izquierda. Los alumnos de la UNAM quieren la reestructuración de estrategias de seguridad integral y no punitivas en las instituciones de educación superior y media superior, tal como dejaron asentado el fin de semana en el segundo punto del pliego avalado por 35 escuelas de nivel superior. El próximo secretario de Educación quiere una evaluación no punitiva. AMLO ha dicho que los impuestos serán nombrados contribuciones.

Sería deseable un mundo donde las reglas estuvieran internalizadas y no fuera necesaria la coerción del Estado. Desearía que los maestros fueran entusiastas y llegaran bien preparados a un examen que midiera sus competencias porque quieren ayudar a mejorar la educación de los niños de México. No dudo que muchos lo harían, pero siempre estarán los abusivos, quienes no se esforzarán si saben de antemano que la evaluación no tendrá consecuencias.

Todo vacío de autoridad lo llena alguien más. Al desarmarse la Reforma Educativa, el sindicato retomará el control sobre los maestros y las escuelas públicas. Éste sí es punitivo. Castiga a quienes no asisten a marchas aplicando descuentos a su salario, sólo les da ascenso a sus seguidores más fieles y si los padres de familia protestan porque sus hijos no tienen clases, se quedarán sin su certificado de asistencia escolar necesario para cobrar el apoyo de Prospera.

Éstos no son temas menores. Sin embargo, el verdadero reto para un Estado no punitivo a partir del uno de diciembre próximo será la creciente inseguridad pública. El 2018 va a ser el año más violento de nuestra historia reciente.

Hoy el problema mayor para un ciudadano no es la violencia de ese Estado represor que sufrieron hace 50 años quienes se manifestaban pacíficamente en Tlatelolco. Los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron asesinados por el crimen organizado, con el apoyo de policías a su servicio. No por una orden del Estado mexicano.

Sin fuerzas de seguridad con sólida capacidad de fuego, el crimen gobernará en cada vez más zonas del país. En palabras del jefe delegacional saliente de Cuauhtémoc, Rodolfo González Valderrama, “La colonia Morelos no es una tierra sin ley, la ley es de La Unión Tepito”.

En los años sesenta, el PRI concentraba suficiente poder como para que no se le enfrentara el crimen organizado. Aunque las tasas de homicidio no eran muy distintas a las actuales, este delito estaba concentrado en las zonas rurales y en el conflicto por la tenencia de la tierra. Las grandes ciudades, en particular la capital del país, eran relativamente seguras.

En 1982 cuando estudié en la UNAM era bastante segura. Hoy no lo es más. Pero los estudiantes no quieren agentes punitivos en sus instalaciones. Así, difícilmente conseguirán estar tranquilos. Ante la ausencia de fuerzas policiacas y la debilidad de los cuerpos de seguridad de la UNAM, gobiernan quienes tienen poder y recursos. Por ello, el crimen organizado opera con libertad en el campus dada la improbable entrada de la policía a las instalaciones universitarias, o los supuestos estudiantes bien organizados, como los delincuentes que tienen en su poder el auditorio Justo Sierra desde el año 2000 o bien, los violadores de mujeres que delinquen impunemente. Para no violar la autonomía universitaria se tolera la violación de las universitarias dentro del campus.

Los porros son una expresión histórica de ese desgobierno. Han impuesto cierto orden en ausencia de coerción estatal. A veces, en manos de las autoridades universitarias; otras, en manos de agentes externos.

A partir del uno de diciembre cada muerto, cada secuestro, cada extorsión, será responsabilidad del nuevo gobierno. Aunque sean delitos locales, como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, terminarán gravitando hacia el gobierno federal, el único con la capacidad para enfrentar a ese tipo de criminales. Si AMLO usa y fortalece bien el poder que tendrá a su mando, podrá enfrentar la creciente inseguridad. De lo contrario, correrá el riesgo de ser devorado por ella. No puede existir un Estado sin capacidad punitiva mayor de la que tienen quienes le disputan el control del territorio nacional.

Profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey

@carloselizondom