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¿Qué, después de Tlahuelilpan?

Armando Ríos Piter

Armando Ríos Piter

La tragedia ocurrida en Tlahuelilpan, estado de Hidalgo, al día de hoy ha dejado 115 muertos. Un total de 40 personas continúan hospitalizadas en Hidalgo, en el Estado de México, la Ciudad de México, así como en Galveston, Texas.

Desde semanas antes y aun después de la tragedia, la discusión polarizada que no cesa en el país. Tras la decisión de combatir el robo de gasolina, anunciada por el gobierno federal, dos posiciones irreconciliables: por un lado, los que apoyan “cualquier” medida que permita evitar que el robo de combustible continúe; por el otro, los críticos que han sufrido en carne propia el desabasto y la afectación en su actividad económica. La tensión entre los polos no permite enfocarnos en las soluciones de fondo.

Por el momento, la decisión mantiene un gran apoyo popular. No sólo lo indican los sondeos de opinión, donde la aceptación del presidente López Obrador subió tras esta medida. También los estudios cualitativos hasta el momento señalan un fuerte respaldo a la decisión por “ir contra un mal al que nadie había querido enfrentar antes”.

Aun cuando hay errores en el diseño de la estrategia seguida, la decisión ha sido acertada; sin embargo, la tragedia de Hidalgo no sólo deja una marca humana terrible, sino evidencia, en su crudeza, que aún queda mucho camino por recorrer en torno a acabar con este flagelo.

Si bien en lo inmediato, es prioritario que se restablezca el suministro regular de gasolina en todo el país, especialmente en el Occidente y el Bajío, es necesario enfocarnos en resolver cuestiones de fondo. Sin discusiones, debemos responder: ¿Cómo se desarticulará la red de complicidades que, a lo largo de años, permitió que se diera el robo de combustible? ¿Qué actores políticos, integrantes sindicales y funcionarios estuvieron directamente involucrados? ¿Cómo se garantizará que la actividad económica ilícita, de la que hoy dependen miles de familias, se cambie por actividades lícitas? ¿Cómo se combatirá la profunda cultura de ilegalidad que ahí impera?

Es fundamental proyectar de manera sostenible lo que hasta hoy conocemos de la estrategia seguida:

1.  Desarticular la red de complicidades. Respecto a la vorágine de noticias de las últimas semanas, es necesario saber hacia dónde se dirigen las investigaciones. Se requiere evitar el simple linchamiento mediático. Saber quiénes estuvieron implicados y el modo de operación, permitirá que la sociedad esté alerta para evitar estos hechos en el futuro. También permitirá verificar que verdaderamente se atacó de raíz el problema y no se quedó sólo como un manotazo noticioso.

2.  Reconvertir el modo de vida de las comunidades. Es fundamental definir cómo transformar la manera en la que, a lo largo de los años, miles de personas se acostumbraron a vivir. La pobreza no es justificación suficiente para delinquir. Entregar dinero a quienes se han dedicado a una actividad ilícita no garantiza que se disuadan de volver a hacerlo. Es indispensable identificar de qué manera podrá reconvertirse, social y económicamente, la realidad de estas comunidades, en el mediano y largo plazos. Eso no ocurrirá con un programa de transferencias en efectivo.

3.  Aclarar cómo se atenderán futuras crisis. El hecho de que la autoridad se haya visto rebasada por una muchedumbre y que después ello haya costado vidas humanas deja claro que una situación similar no debe volver a repetirse. Es necesario verificar: ¿Cuáles serán los protocolos para la intervención de la autoridad? ¿Cuáles son las responsabilidades y elementos de coordinación entre órdenes de gobierno? ¿Cuáles serán los castigos para pobladores y líderes que incurran en este tipo de hechos?

Debemos garantizar que no se repita lo ocurrido en Tlahuelilpan en ningún lugar del país. Falta mucho por hacer. Sin discusiones estériles, debemos hacerlo juntos.

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