Perdón fiscal

La redacción del dictamen fue escrupulosamente cuidada, la Comisión dictaminadora integrada por diputados federales en 2012 procuró no dejar constancia de quién lo propuso y cuáles fueron los motivos reales del texto que permitió la condonación de contribuciones fiscales en 2013.

Entre el 10 y 11 de diciembre de 2012, mientras sesionaba la citada Comisión, se agregó un artículo en la Ley de Ingresos de la Federación para 2013, que condonaba el 80% de los adeudos fiscales no pagados al 31 de diciembre de 2006, beneficiando a los contribuyentes morosos.

Con esa disposición, aprobada por 446 diputados, se sanearían las cuentas de los deudores del fisco federal, reducirían los adeudos que por su antigüedad y cuantía resultaban impagables, al mismo tiempo, se dijo, que se promovería el crecimiento económico.

En el diario de los debates no se aprecia ninguna reserva o comentario en contra de esta disposición, sí, en cambio, quedó constancia de la intervención de dos diputados de una fracción parlamentaria a favor de la condonación fiscal.

Según el informe público del Servicio de Administración Tributaria, 110 mil contribuyentes obtuvieron la condonación de sus adeudos por un importe de 170 mil 538 millones de pesos —equivalente a un punto porcentual del PIB en 2013—, al mismo tiempo, se recaudaron 41 mil 174 millones de pesos.

Este programa fue duramente cuestionado por algunos sectores de la sociedad, sobre todo por quienes accedieron a la condonación en cantidades millonarias. Hubo empresas que, al cotizar en el mercado de valores, se vieron obligadas a informar públicamente sobre los beneficios obtenidos. Otras, sin mayor contratiempo, accedieron a condonaciones en cantidades aún mayores, sin haberse expuesto al escrutinio social.

Una parte de la sociedad exigió conocer los nombres de los contribuyentes y los montos condonados. La exigencia recayó en el organismo recaudador de impuestos, el SAT, señalado como responsable de condonar los adeudos y criticado de opacidad.

El SAT, en repetidas ocasiones, sostuvo que la condonación fue dispuesta en ley por los diputados, que no podía negar lo dado en la ley, al mismo tiempo tenía impedimento legal para revelar la información solicitada. El daño estaba hecho, una acción del Legislativo puso en entredicho la imagen de la institución recaudadora y generó un descontento social.

Últimamente, he escuchado voces que anticipan el riesgo de que se vuelva aprobar este programa. No hay razones objetivas para ello.

Un nuevo programa de condonación fiscal sería inaceptable para los contribuyentes cumplidos, pernicioso para la institución que recauda los impuestos y un acto de molestia para la sociedad en general.

De pretender aprobarlo, los diputados deben saber que, hoy, la sociedad está alerta; anticipadamente querrá conocer quién o quiénes lo proponen, con qué objetivo y bajo qué condiciones. Adicionalmente, vale la pena estar vigilante por si alguna firma de consultoría fiscal —esas que dicen practicar la responsabilidad social corporativa—, quien al conocer las omisiones fiscales de sus clientes, en un claro conflicto de interés, se atreva a impulsar el tema con los diputados.

Los intereses que se mueven detrás de un programa de condonación fiscal no sólo son económicos, también son políticos, no es casualidad que su aprobación se realice en cada cierre de administración. Condonar impuestos es una expresión de complicidad y, al mismo tiempo, un acto de impunidad; sirve para pagar favores, ayuda a la reconciliación de agravios y al restablecimiento de las relaciones de poder.

En resumen, estos programas son perniciosos socialmente, implican agravio para los contribuyentes cumplidos, disminuyen la percepción de riesgo y alientan la evasión fiscal. La sociedad debe estar alerta y poner un alto a los promotores de programas que sólo benefician a los que más ganan y a los que más deben, en perjuicio de los mismos de siempre, los que menos tienen.