Los derechos políticos de la mujer: lo que falta

Hablar de la mujer en el contexto de la política mexicana es hablar de años de lucha en la construcción de equidad y acceso a la justicia y al poder. En la letra, los derechos políticos de la mujer han avanzado mucho, pero en la práctica los números marcan serios contrastes.

En México nunca hemos tenido una titular del poder Ejecutivo; de los 12 ministros de justicia sólo dos son mujeres; en los estados de la República apenas ha habido seis gobernadoras y de confirmarse la tendencia para finales de 2012, la única que había en activo abandonará el cargo (Yucatán); de las 19 secretarías de Estado existentes, nada más cuatro son ocupadas por mujeres; en cuanto a la dirigencia de los tres principales partidos políticos, sólo seis han sido presidentas (cuatro del PRI, dos del PRD); respecto a la conformación del Poder Legislativo, a finales de 2012 el género femenino habrá alcanzado 37% en la Cámara de Diputados, mientras que en el Senado será 33%, cifras que se señalan como históricas pero que comparado con el total de los puestos de poder político siguen siendo pequeñas. ¿Qué falta por hacer?

Primeramente, se tendrían que consolidar los derechos sociales y económicos de la mujer —hoy desprotegida en algunas legislaciones locales—, debido a que mientras existan casos desfavorables en el estado civil, laboral, económico y reproductivo de la mujer no podemos hablar de un progreso completo en lo que respecta a los derechos políticos.

En segundo orden, habrá que ir educando y promoviendo la equidad de género en los espacios que están rezagados en cuanto a la transformación cultural y cívica que ya se vive en algunas de las principales urbes de México, pues si bien se ha hecho mucho en pro del voto, existe una deuda en cuanto a la representación política en los pueblos y en las zonas marginadas con usos y costumbres determinados.

En tercer orden y no menos importante, se apelaría a promover una ambiciosa inclusión de la mujer en las esferas de participación, no sólo política sino también en las referidas a las estructuras económicas, sociales y culturales que ya tenemos, que deberá ser integral ya que así será más fácil que los derechos de toda índole no sólo se ejerzan sino que también se mantengan y transformen a lo largo del tiempo.

Concluyendo, será necesario que la participación de la mujer pase de la equidad al empoderamiento, esto es, una mayor participación e influencia en los círculos de decisión. Habrá que transitar de la temporalidad electoral donde la figura femenina tiene una atracción, en sí misma novedosa, a una consolidación de la mujer como actor recurrente de los procesos políticos, algo que sin duda será benéfico para el desarrollo individual, familiar y social. El ideal democrático es que cualquiera —sin importar su condición biológica y contextual— tenga los mismos derechos y oportunidades en la vida política de nuestro país por el hecho de ser humanos.

*Licenciado en ciencias políticas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, diplomado en Organizaciones de la Sociedad Civil FLACSO-Argentina. Twitter: @H7GO