Rosario Robles, en prisión por un acto de Estado: defensa

CIUDAD DE MÉXICO

Rosario Robles es víctima del Estado mexicano que la mantiene “de manera irregular” en prisión preventiva por orden del juez de control, Felipe de Jesús Padilla Padierna, sobrino de la diputada Dolores Padierna, por lo que este día se presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una queja formal, confirmó el abogado de la extitular de Sedesol, Julio Hernández Barros.

Desde Washington, el litigante reconoció que, como regla general, la CIDH establece que para presentar una demanda ante esa instancia, es necesario haber agotado todos los recursos legales en el país de origen de la controversia, pero Hernández Barros señaló que el mismo organismo establece una serie de excepciones, de la regla general, a las que se acogerán.

Esto, al recalcar, en entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, que Rosario Robles se encuentra presa “por un acto de Estado”.

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“El propio Estado, a través del juez Delgadillo Padierna, es el que mantiene en prisión indebida, en este encarcelamiento ilegal, a nuestra defendida”, quien, insistió “se encuentra impedido para conocer del asunto”, por su parentesco con la diputada Dolores Padierna, pero, “el juez se ha negado”.

“Es un juez que está cuestionado, primero por las agresiones que sufrió la defensa; fuimos injuriados en la audiencia, denostados e incluso en un momento amenazados por el juez, para imponernos sanciones o obligarnos a abandonar la sala indebidamente”, y ante esta circunstancia, a lo que se suma el que es sobrino de Dolores Padierna, lo hace   no apto para llevar el juicio.

Porque, señaló, nadie desconoce la animadversión de Padierna Luna contra Rosario Robles, a quien acusa de que su esposo, René Bejarano, “haya estado en la cárcel por el tema de los videoescándalos”.

Destacó que no es fortuito que el mismo juez, sobrino de Dolores Padierna, “lleve el asunto en contra de la esposa del empresario Carlos Ahumada”, quien desató en 2004 los videoescándalos.

En caso de que la resolución de la CIDH “no llegue” antes de que se cumplan los dos meses de plazo que tiene la FGR para concluir la investigación contra Robles Berlanga, el litigante adelantó que, en los próximos días se agotarán en el país todos los recursos legales.

Esperamos que sí (esté a tiempo). Pero, si esto no fuera así, tendríamos que recurrir a la justicia en México”, y solicitar el cambio de las medidas cautelares de su defendida, con la presentación, afirmó, “de una serie de pruebas que tenemos que acreditan, lo contrario a lo que dijo el juez Delgadillo Padierna”.

Se acreditará, precisó, “su domicilio, permanencia y arraigo en la Ciudad de México”.