Polemizan por castigo a piratería; debate sobre derechos de autor en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO.

Autores, compositores y organizaciones en defensa de los derechos digitales acorralaron al Senado, pues a unos días de aprobar las reglas de derechos de autor que regirán con el T-MEC, los creadores pidieron mecanismos más severos y expeditos para castigar la piratería hasta con 10 años de cárcel, pero los activistas alertaron censura e injusticia por una sanción de ese nivel.

Las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos Segunda se basan en la iniciativa del senador Ricardo Monreal para castigar con 10 años de cárcel todo tipo de piratería, así como hasta cuatro años de prisión a quien se robe las señales encriptadas de los servicios tecnológicos.

El tema ya despertó mucho interés. Durante las consultas virtuales hechas por el grupo especial T-MEC, los autores y compositores, encabezados por Roberto Cantoral, pidieron a los senadores que se avale la iniciativa en sus términos.

“Qué es lo que estamos pretendiendo. Que nos reconozca el Estado como la presunción de autor, que tienen la mayoría de las sociedades autorales y que la carga de la prueba esté en el usuario, porque el usuario es el que pone la música, el que pone las películas, es el que está en mejores condiciones de definir cuál es la obra que está ejecutando y el usuario tendrá que demostrar que la obra que utiliza tiene la autorización para hacerlo. De lo contrario, el juez no tenga que determinar que debe pagar derechos de autor”, precisó.

Pero los representantes de Artículo 19, Red en Defensa de los Derechos Digitales y Wikimedia México aseguraron que aprobarla en esos términos generará una violación a la Constitución, pues se dispone que una sola queja de un civil provocará el retiro de un contenido digital, sin dar espacio a la defensa del responsable del contenido, lo que representa un acto de censura que no existe en ninguna otra nación.

Uno de los puntos polémicos es el que se refiere a que se castigará hasta con 10 años de cárcel a quien “con fines de lucro eluda sin autorización cualquier medida tecnológica que utilicen los productores de fonogramas, artistas, intérpretes o ejecutantes, así como autores de cualquier obra protegida por derechos de autor o derechos conexos”.

Desde la perspectiva de los activistas, esta disposición es de alto riesgo, pues imposibilitará al usuario de un aparato tecnológico a desactivar candados de protección, en caso de que el dispositivo se descomponga, pero, para los autores, este cambio permitirá frenar la piratería, que se basa  en romper esos candados para copiar las obras y sacarles provecho económico.

La polémica es más amplia, pues las organizaciones plantean que se inhibirá el uso de contenidos y se someterá a un proceso constante de verificación, lo cual es contrario a lo que establece la Constitución en materia de derecho a la libertad de expresión.

Aunque la semana pasada, los integrantes del grupo T-MEC ofrecieron a las dos partes incluir en el dictamen sus peticiones concretas, el proyecto que fue distribuido no las incluye y todavía no se concreta la reunión virtual para valorar los cambios.

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