Oposición, no siempre va unida en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO.

Con evidente desventaja numérica frente a la mayoría absoluta de Morena y sus aliados, la oposición en el Senado logró capitalizar el poder que le otorga un voto en la Comisión Permanente para frustrar planes de la Cuarta Transformación, pero también usó la ventaja de la acción de inconstitucionalidad para contener en el Poder Judicial a la aplanadora oficialista que se negó a escucharlos y verlos.

En el año 2015, la entonces Mesa Directiva del Senado comenzó a utilizar el criterio “fundacional” de una Legislatura para impedir la creación de grupos parlamentarios de partidos nuevos, a la mitad de un ejercicio legislativo de los senadores, que trabajan seis años consecutivos; en ese caso, del 2012 al 2018, con lo cual decidió que no podía nacer en el Senado una bancada de Morena, que en 2012 no existía, pero en 2015 ya, dado que no fue parte de los partidos políticos que compitieron en el 2012 para formar aquel pleno.

Ese criterio “fundacional” fue utilizado en 2018, por la mayoría de Morena para contar la asamblea constitucional del nuevo Senado, que trabaja del 2018 al 2024, para evitar que nazcan y desaparezcan grupos parlamentarios. Por eso, el Partido Encuentro Social (PES), que dejó de existir en 2018 tiene una bancada en el Senado, porque el argumento es que la desaparición oficial de ese partido fue posterior al acto fundacional del actual Senado.

Y en ese acto fundacional de agosto del 2018 quedó constituido el PES, pero también la bancada del PRD, que entonces tenía seis integrantes; de los cinco mínimos que debía incluir.

El criterio del acto fundacional fue utilizado por el coordinador de los perredistas, Miguel Ángel Mancera, para impedir la desaparición de su grupo parlamentario, cuando se quedó sólo con tres integrantes, pues negarle al PRD ese derecho de acogerse al “acto fundacional del Senado” implicaba que el PES dejaba de tener una bancada.

Pero no sólo eso. El acto fundacional permitió a Miguel Ángel Mancera contar con un asiento en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y ese voto se convirtió en los meses de mayo, junio y agosto del 2020 y en agosto del 2021 en la fortaleza de la oposición para frustrar los planes legislativos del oficialismo y orillarlo a postergarlos, pues ese voto fue clave para impedir sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión para aprobar reformas y leyes que tuvieron más críticas que respaldos.

La semana pasada fue la última vez que en la LXIV Legislatura ese voto, conocido como el voto 25, porque es el que se necesita para tener la mayoría calificada para abrir un extraordinario, fue famoso, al detener el intento de Morena por aprobar, sin consenso, la Ley Federal de Revocación de Mandato y obligar a Morena a esperar a la apertura del periodo ordinario de la próxima semana.

Pero además de la importancia de ese voto, que sirvió a la oposición en 2020 para postergar la desaparición de fideicomisos, que Morena tuvo que aprobar en un ordinario, e impidió aumentar las facultades del Ejecutivo Federal para modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) aprobado por la Cámara de Diputados, la oposición en el Senado hizo uso de un mecanismo judicial para frenar y hasta echar abajo reformas nacidas del mayoritero legislativo.

Así, la imposición de la aplanadora legislativa de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados provocó que en sólo 35 meses, legisladores federales, órganos autónomos, gobiernos municipales y estatales presentaran ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 89 impugnaciones de leyes y reformas.

Entre los años 2000 y 2018, periodo del auge del Poder Legislativo plural, en la SCJN se presentaron 38 acciones de inconstitucionalidad por parte de la extinta PGR, la CNDH, algunos partidos políticos en lo individual y únicamente ocho de ellas surgieron de las entrañas de la Cámara de Diputados y del Senado de la República.

En contraste, en los tres años de la LXIV Legislatura, caracterizada por la aplanadora oficialista de Morena, se presentaron 89 impugnaciones ante la Corte, de las cuales 32 son acciones de inconstitucionalidad del Poder Legislativo y 57 corresponden a controversias constitucionales presentadas por otros actores políticos.

Pero a pesar de haberse comprometido a cerrar filas entre ellos para evitar lo que llaman excesos de la mayoría morenista, el Bloque de Oposición en el Senado, integrado por PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, se fracturó en nueve ocasiones y en cinco se mantuvo unido para modificar o frenar algunas decisiones de la mayoría oficialista.

El viernes 27 de noviembre pasado, el líder de Movimiento Ciudadano en el Senado, Dante Delgado, anunció que si el PAN y el PRI votaban en favor de la reforma judicial, en los hechos el Bloque Opositor, que ellos denominan Bloque de Contención, estaría fracturado en los hechos.

Y aunque el mismo bloque opositor se unió para presentar las acciones de inconstitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante este año y fue fundamental para evitar el último intento de Morena para un extraordinario, lo cierto es que a lo largo de tres años de ser oposición, los cuatro partidos registran más veces de votos diferenciados que de votos unificados.

Cierran la LXIV Legislatura con un saldo en favor, sin embargo, por el freno a los extraordinarios y la coordinación para hacer realidad las acciones de inconstitucionalidad.