Devuelven sueldos y prestaciones a funcionarios de la CNBV; hay 9,683 amparos directos

Se ordenó devolver las prestaciones y salarios (seguro de gastos médicos mayores, fondo de ahorro, ayuda para automóvil y club deportivo) a 50 funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y se declaró que es inconstitucional la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos de 2018, de acuerdo con un fallo del Juzgado Primero de Distrito de la Ciudad de México.

“El juez otorgó el amparo y protección de la justicia federal al estimar que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos viola la Constitución Federal, por lo que con ello se ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores regresar las prestaciones de los servidores públicos de dicha institución, ya que de forma inconstitucional se las quitaron a los trabajadores de confianza que se ampararon con nosotros”, dijo Rodolfo Martínez, socio de Trusan & Roma, Abogados, en entrevista con Excélsior.

Luego de más de dos años de que los trabajadores perdieran sus prestaciones, durante la primera quincena de 2019, y de que comenzara este juicio de amparo número 2153/2019, el 24 de enero de ese mismo año, el Poder Judicial les dio la razón.

El tope. La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos de noviembre de 2018 establece que ningún funcionario tendría un salario máximo más alto que el del Presidente: 108 mil pesos.

“Además, las autoridades responsables deberán restituir las prestaciones y remuneración, motivo de la modificación efectuada al impetrante con motivo del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2018”, se lee en la sentencia del juicio de amparo 2153/2019.

La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP) publicada en noviembre de 2018, en el Diario Oficial de la Federación, fijó que ningún funcionario de la Administración Pública Federal tendría un salario máximo más alto que el del Presidente, que se fijó en 108 mil pesos.

“No se advierte ningún lineamiento que explique de manera fundada y motivada, los parámetros por los cuales se debe de fijar como tope máximo la remuneración destinada en el ejercicio fiscal para el año dos mil diecinueve, la del Presidente de la República”, determinó Jorge Luis Barrera Martínez, secretario del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en funciones de Juez de Distrito, por lo que declaró  inconstitucional dicha legislación aprobada por el Congreso.

Desde noviembre de 2018 se han expedido tres leyes para reducir los ingresos de los servidores públicos de confianza y fijar como tope salarial y de remuneraciones los ingresos del Presidente de la República.

La primera fue la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que determinó el salario máximo a 108 mil pesos netos mensuales y eliminó las compensaciones, como seguros de gastos médicos mayores, seguros de vida y de separación individualizado.

Mientras que la segunda fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 2019, la llamada Ley Federal de Austeridad Republicana con 60 artículos, entre los que incluía una veda de 10 años a los funcionarios para trabajar en empresas de la iniciativa privada con las cuales hubieran tenido relación directa durante el desempeño de sus funciones.

Por último, la tercera y nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP) que se expidió el 19 de mayo de 2021, en la que se fijó que ningún funcionario de la Administración Pública Federal tendría una remuneración más alta que la del Presidente y que todas las pensiones y jubilaciones se ajustarán a las leyes de seguridad social.

Una remuneración incluye salario, compensaciones, percepción extraordinaria como premios, recompensas, bonos, reconocimientos o estímulos, pago de horas de trabajo extraordinarias y asignaciones excepcionales, prestaciones, aguinaldo y gratificación.

De acuerdo con información de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, del 5 de noviembre de 2018 hasta diciembre de 2019, se habían presentado 9 mil 683 amparos directos e indirectos en contra de la pasada Ley Federal de Remuneraciones y Ley Federal de Austeridad Republicana, en todos los circuitos de la República Mexicana.

Pero la reducción del salario no es lo único que amenaza a los servidores públicos, sino a una de las primeras promesas que hizo Andrés Manuel López Obrador luego de ganar la Presidencia de la República, al anunciar que en su administración reduciría el 70% de la plantilla laboral de los empleados de confianza del gobierno federal.

En este mismo periodo, del 1 de diciembre de 2018 a marzo de 2020, el Sistema del Registro Único de Servidores Públicos del Gobierno Federal (RUSP) registró a 60 mil 717 servidores públicos que renunciaron, reportaron su baja o su puesto fue suprimido.

Mientras que del 1 de diciembre de 2018 a diciembre de 2019, el número de demandas laborales interpuestas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, por exservidores públicos de la Administración Pública Federal, debido a presuntos despidos injustificados, fue de 4 mil 727.

Al cierre de 2019, la cantidad de personal adscrito a las instituciones de la Administración Pública Federal era de un millón 606 mil 800, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (Inegi).

“En relación con la remuneración del personal, en 2019 poco menos de la mitad de personal (47.8%) recibió remuneraciones mensuales de hasta 10 mil pesos; 22.4% percibió entre 10 mil y 20 mil pesos; 8.4% entre 20 y 30 mil pesos, y uno de cada seis servidores públicos tuvo ingresos por más de 30 mil pesos mensuales”.

El 8 de julio de 2021, el ministro Fernando Franco González Salas negó suspender la aplicación de la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP), luego de que Impugnaron la ley, con controversias constitucionales, el Inegi, el Instituto Nacional Electoral (INE), el Banco de México, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, con el argumento de que el tope salarial señalado en la citada ley los limitaba en su autonomía e independencia, pero a diferencia de un juicio de amparo, en controversias constitucionales la ley prohíbe suspender leyes.

El integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó a trámite la controversia constitucional 76/2021 promovida por el organismo autónomo en contra de la LFRSP, promulgada en mayo pasado.