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Al cuestionar la integridad del Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acusó que los órganos autónomos sólo han servido para sabotear la voluntad del pueblo y manchar los procesos electorales.
Por lo anterior, exhortó al poder legislativo a reformar la actual ley electoral.
“El comportamiento a últimas fechas y el historial mismo del Instituto Nacional Electoral (INE), salvo reducidas excepciones, es el mismo historial del Instituto Federal Electoral (IFE) y de la otrora Comisión Federal Electoral.
“Órganos autónomos únicamente de nombre, instrumentos parciales, de sabotaje de la voluntad del pueblo, que sólo han servido para el mantenimiento de vicios que por años, si no es que por siglos, han manchado nuestros procesos electorales”, señaló.
Pidió al Congreso impulsar una reforma electoral que otorgue credibilidad a los procesos electorales y deje fuera los intereses partidistas.
“Es así que la CNDH hace un llamado público, respetuoso, a las y los legisladores de la República para que, tomando como referente las luchas democráticas mencionadas, y las posteriores, revisen la legislación electoral vigente.
“Realicen un análisis honesto y serio, que recoja las expectativas ciudadanas actuales, y construyan una reforma que otorgue certeza sobre la organización de las elecciones, sobre la imparcialidad del órgano encargado de contar los votos y sobre la designación de sus integrantes, de manera insospechable de intereses partidistas o faccionales”.
Los dichos de la CNDH se dan luego de que Lorenzo Córdova dijo que el organismo fue capturado por el gobierno federal.
Sobre lo dicho por la CNDH, el INE dijo que cumple desde su creación con las responsabilidades que le han sido asignadas para garantizar la democracia, y así lo dejó de manifiesto en la respuesta que emitió, desde junio pasado, a la recomendación general 46/2022 de la CNDH, en la cual se señalan violaciones a derechos humanos, a los derechos de la democracia, protesta social, a la reunión y a la asociación cometidas por el Estado entre 1951 y 1965.
Recordó que las elecciones las organiza con plenas condiciones de equidad y garantizando cabalmente el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía, sin improvisaciones y con profesionales que, proceso tras proceso, cumplen su función de organizar elecciones y garantizar el respeto al voto.
Además, aseveró, los organismos de derechos humanos no son competentes tratándose de asuntos electorales y tiene prohibición expresa de la constitución al respecto.