Fepade: hay 103 casos de misoginia política

CIUDAD DE MÉXICO.

El Senado, la Cámara de Diputados, la Fiscalía contra Delitos Electorales, el Consejo de la Judicatura, la Secretaría de Gobernación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se unirán para frenar, con leyes y decisiones judiciales y penales, la violencia política de género que sufren las mujeres.

Convocados por la senadora Diva Gastélum, los titulares de esas instancias asumieron ayer el compromiso de frenar ataques y descalificaciones contra las mujeres. Excélsior informó ayer que Raúl Valdivia, alcalde electo de Pachuca, perdió el cargo al comprobarse los ataques misóginos hacia su oponente priista.

Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), informó que en 2016 tiene documentados 103 casos de violencia política contra las mujeres, “donde no sólo se afecta a las mujeres de manera desproporcionada, sino se trata del menoscabo del ejercicio de los derechos político-electorales o del ejercicio de los cargos públicos.

“Se han iniciado las averiguaciones precias y las carpeta de investigación. Se ha logrado consignar ante jueces penales, y el Poder Judicial de la Federación ha librado autos de formal prisión y ha dictado sentencias condenatorias contra las personas que físicamente han generado dos tipos de conducta: la obstaculización del adecuado ejercicio de las tareas de funcionarios electorales, y actos de temor o intimidación a electores”.

El magistrado Constancio Carrasco Daza, titular del TEPJF, destacó que “la violencia política es nuestra barbarie en la consolidación democrática. Es una respuesta convulsa y una afrenta al gobierno democrático. Que en nuestros días la violencia se haya incrementado en política con tal normalidad, comprueban sus fines”.

Explicó que la violencia sistemática representa el mayor riesgo a la estabilidad de un país, pues coloca en tela de juicio la función esencial del Estado. Cuando la violencia se inscribe en el ámbito electoral, su impacto se trasmina en todos los órdenes de la vida pública y privada, cuya normalidad depende de un ambiente democrático, condicionado por el ejercicio libre y cabal de los derechos políticos”.

Alfonso Pérez Daza, del Consejo de la Judicatura Federal, mencionó diversas resoluciones judiciales que han permitido la protección de los derechos políticos de las mujeres y, en consecuencia, frenan los ímpetus de exclusión.

“Estas decisiones, entre muchas otras, muestran los esfuerzos que diariamente se realizan en el Poder Judicial para lograr el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres y combatir las acciones cuyo objeto es limitar, condicionar, excluir, impedir o incluso anular ese derecho”.

Lorena Cruz Sánchez, titular del Instituto Nacional de las Mujeres, comentó que después de la inclusión del principio de paridad, se hizo evidente que la violencia política por razones de género existe y es una problemática.

“Durante las recientes jornadas electorales tuvimos conocimiento del registro de mujeres en distritos perdedores; de la exigencia de los partidos para que firmaran renuncias en blanco antes de proponerlas como candidatas; de listas de candidaturas rechazadas por no respetar el principio de paridad; de obstáculos para que accedieran a recursos para las campañas, así como de candidatas que fueron hostigadas para intentar que abandonaran sus aspiraciones para participar en el proceso”, detalló.

Acción Nacional afirma inocencia del candidato

PACHUCA.— El PAN de Hidalgo anunció que acudirá a la Sala Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para interponer un recurso de reconsideración, luego de que la Sala Regional de Toluca invalidó el triunfo de su candidato a alcalde, Raúl Valdivia, por misoginia.

En conferencia de prensa, Cornelio García Villanueva, vocero del Comité Directivo Estatal del PAN, y Rafael Sánchez, representante jurídico, negaron que el panista haya incurrido en cualquier acto de violencia política de género.

El especialista en derecho electoral, afirmó que el Tribunal Estatal Electoral cayó en una contradicción “porque, por un lado, decían que estaban acreditadas algunas pruebas, pero que no eran determinantes para anular la elección”.

Aún más, dijo, “no pasa inadvertido que el Tribunal responsable sostuvo que las pruebas aportadas sólo eran indicios y que, por ello, no eran suficientes para tener por acreditadas las irregularidades planteadas”.

Afirmó que el PRI presentó pruebas extemporáneas, sin la ampliación de demanda, por lo que todo esto fue fabricado. “Hay pruebas de imágenes contra  la candidata del PRI y otra prueba de audio, pero ninguna que fuera hecha por el PAN”, explicó el especialista en derecho electoral.

Por separado, Érika Rodríguez Hernández, diputada federal del PRI por Hidalgo, calificó de histórica la decisión de anular la elección en San Felipe Orizatlán, porque marca un precedente para promover el respeto y la igualdad.

Ivonne Ortega, exgobernadora priista, afirma que esta conducta no se ha erradicado.

El fallo que anuló una elección municipal en Hidalgo por violencia de género “es una muestra de que hay que trabajar más en la legislación electoral para blindar a los procesos contra todo tipo de actitudes discriminatorias”, afirmó la diputada Ivonne Ortega Pacheco.

La exgobernadora de Yucatán afirmó que la violencia de género es recurrente en las campañas políticas.

Con una trayectoria política que incluye una amplia experiencia proselitista, la exsenadora, exalcaldesa, exdiputada local y exsecretaria general del PRI dijo haber sido objeto de ese tipo de conductas en contiendas internas del PRI y a nivel constitucional.

“Por fortuna la actividad política en México se ha abierto a la participación igualitaria en cuanto a género”.

La política yucateca comentó que, “a menudo, la violencia de género se centra en lo físico, porque el que ofende da por sentado —y éste es otro prejuicio— que se lastima la vanidad femenina”.

Ortega Pacheco detalló que cuando competió por la gubernatura de Yucatán “aparecieron pintas muy groseras, llamándome ‘marrana, gorda’, como si el físico fuera el principal atributo de un gobernante. Y es que desde un principio hice público cómo, con disciplina y esfuerzo, superé mi problema de sobrepeso”.

Relató en entrevista que incluso siendo ella gobernadora de Yucatán “algunas personas me recomendaban que en los anuncios sobre seguridad me hiciera acompañar de un uniformado ‘para dar la imagen de fuerza’, suponiendo que por ser mujer no podía transmitir seguridad a la población”.

“Tendrían que anular todas”

“¡Híjole...Tendrían que anular todas, todas las elecciones, hasta la de Donald Trump!”, bromeó Xóchitl Gálvez Ruiz, jefa de la Delegación Miguel Hidalgo, al fijar postura sobre el fallo electoral contra expresiones misóginas.

“No hay campaña política en la que participe una mujer en la que no haya expresiones de descalificación. Ve a Trump cómo se refiere a Hillary”.

Para la extitular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, habría que hacer una diferencia entre “un tema de misoginia y cuando son manifestaciones de una cultura en un país donde los hombres creen que las mujeres somos idiotas”.

Recordó que cuando fue candidata a gobernadora de Hidalgo obtuvo una grabación en la que representantes del PRI con el subsecretario de Gobierno estatal, “les dijo a los delegados que si a poco a ellos les gustaría que los mandara su mujer y que cómo iban a permitir que una mujer fuera gobernadora”.

Reseñó que en esa campaña de 2010 “siempre se refirieron a mí como ‘la pinche vieja’, con un desdén y un menosprecio que caracterizaron la contienda”.

Gálvez alertó que hay que evitar caer en la victimización en la que incurren las mujeres en campaña, porque “la línea es muy delegada entre misoginia y los ataques propios de una contienda”.