Familiares de víctimas de Pasta de Conchos exigieron justicia a 10 años de tragedia

CIUDAD DE MÉXICO

Familiares de 63 mineros fallecidos hace 10 años a causa de una explosión en la Mina 8 de Pasta de Conchos, en el estado de Coahuila, exigieron hoy a las autoridades el rescate de los cuerpos para darles adecuada sepultura.

En el décimo memorial del siniestro, la organización Familia Pasta de Conchos sigue pidiendo la admisión del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En sus peticiones, los mineros exigieron el rescate de los cuerpos, indemnización para las familias y la repatriación de Gómez Urrutia, quien vive en Canadá

Los familiares señalaron, mediante un comunicado, que persiste la impunidad para el empresario Germán Larrea, dueño de la compañía Grupo México, propietaria de la mina de carbón.

Afirmaron que Grupo México sigue impidiendo, junto con los sucesivos gobiernos de Coahuila, tanto del Partido Acción Nacional (PAN) como del Partido Revolucionario Institucional (PRI), "el rescate de nuestros 63 seres queridos y el poder darles sepultura" de conformidad con el derecho internacional humanitario.

También denunciaron la impunidad de que gozan Francisco Javier Salazar y Javier Lozano, titulares de la Secretaría del Trabajo durante las administraciones de los hoy expresidentes mexicanos Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), respectivamente, y del líder sindical Napoleón Gómez Urrutia.

En la nota, los familiares indican que el rescate de los cuerpos "sigue siendo técnicamente viable y moralmente urgente, además de seguir siendo una violación a los derechos humanos continua" la permanencia de los cadáveres en la mina.

Recordaron que Grupo México, que también es responsable del mayor desastre ambiental del país al contaminar los ríos Sonora y Bacanuchi con el derrame de 40.000 metros cúbicos de sustancias tóxicas en agosto de 2014, no garantizó la vida de sus familiares al hacerlos trabajar en condiciones ilegales de alto riesgo.

Asimismo, enfatizaron que ninguna autoridad les ha garantizado el rescate de los cuerpos, ni el esclarecimiento de lo ocurrido, ya que dejaron prescribir los delitos denunciados.

Finalmente, dijeron que se mantiene la voluntad de su organización de "dignificar las condiciones de trabajo en las minas de carbón: 14 meses sin un solo minero fallecido al interior de las minas".

Para conmemorar la tragedia, el Sindicato Minero organizó una marcha en la Ciudad de México que pasó por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría del Trabajo para terminar frente a las instalaciones del Grupo México.

En la marcha, los trabajadores cargaron 65 ataúdes para simbolizar a los mineros fallecidos en la explosión ocurrida en la madrugada del 19 de febrero de 2006, dos de cuyos cuerpos fueron recuperados y 63 permanecen sepultados.

En sus peticiones, los mineros exigieron el rescate de los cuerpos, indemnización para las familias y la repatriación de Gómez Urrutia, quien vive en Canadá.