Zorrilla pasó de jefe policiaco a asesino

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de septiembre.- Cinco meses y medio después de haber iniciado la administración de Carlos Salinas de Gortari, el 13 de junio de 1989, José Antonio Zorrilla Pérez, ex titular de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) —que fue la policía política del gobierno—, fue arrestado. Fue señalado como autor intelectual del asesinato del periodista de Excélsior Manuel Buendía, ocurrido el 30 de mayo de 1984 y sentenciado a 35 años de cárcel.

El martes anterior, el ex policía de 66 años, dejó la cárcel después de 24 años de reclusión. La juez de Ejecuciones y Sanciones del Reclusorio Varonil Oriente, Belem Bolaños ordenó que Zorrilla Pérez quede bajo custodia en su domicilio, debido a que su salud no es buena.

De acuerdo con los reportes policiacos de hace 29 años, pasadas las seis y media de la tarde del 30 de mayo, un asesino solitario le pegó cinco balazos en la espalda a Buendía, dentro de un estacionamiento de las calles de Hamburgo e Insurgentes, donde el periodista había dejado su auto para ir a su oficina.

Tan pronto como el asesino, posteriormente identificado como José Luis Ochoa Alonso y conocido como El Chocorrol, dejó el cuerpo inerte de Buendía huyó hacia la Zona Rosa. En su camino se subió a una motocicleta que era conducida por El Moro, se supo con posterioridad.

Zorrilla Pérez —entonces titular de la DFS, dependencia a cargo de la Secretaría de Gobernación actuó— actuó con rapidez inusitada. Se supo en ese momento que Zorrilla y varios de sus subalternos cargaron con archivos del periodista, sin que hasta la fecha se sepa qué eran esos documentos ni dónde pararon.

El entonces presidente Miguel de la Madrid se presentó en la capilla ardiente de Buendía. Ahí condenó el asesinato y ordenó que la DFS y no el Ministerio Público se hiciera cargo de las investigaciones del caso, que aunque encarcelaron a varios comandantes, nunca se ha conocido el verdadero móvil del crimen. Aunque las autoridades se afanaron en negar que fuera un asunto político.

Aquel 19 de junio de 1989, Zorrilla Pérez se entregó voluntariamente a las autoridades, aunque hubo reportes de que para poder detener al ex jefe policiaco hubo una zacapela. Zorrilla, dicen las crónicas de la época, gritaba a los periodistas: “Soy inocente, necesito de su ayuda; yo no soy culpable”.

Durante las investigaciones del homicidio de Buendía, la Procuraduría General de la República fue armando un rompecabezas de las presuntas ligas de Zorrilla Pérez con Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto y Rafael Caro Quintero, los principales narcotraficantes de la época.

De hecho, el homicidio del columnista de Excélsior ocurrió casi dos meses después de que Caro Quintero, libre actualmente, había sido detenido en Costa Rica, a donde huyó luego del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar y el piloto Alfredo Zavala Avelar, ocurrido el 7 de febrero de 1984.

Fue la Procuraduría del Distrito Federal, entonces a cargo de Ignacio Morales Lechuga,  la que arrestó a Zorrilla Pérez. A la acusación de autor intelectual del homicidio de Buendía, se le sumaron acusaciones relacionadas con el narcotráfico. “Permitiendo la entrada de drogas al país, dando protección a traficantes, expidiéndoles credenciales como elementos activos de la Federal de Seguridad y recibiendo sumas millonarias por el comercio ilícito de estupefacientes”, acusó la PGR.

Además de Zorrila, a la cárcel por el asesinato de Buendía fueron a parar Rafael Moro Ávila, sobrino nieto del ex presidente de México Manuel Ávila Camacho, que era agente de la DFS, y los comandantes Juventino Prado Hurtado, Raúl Pérez Carmona y Sofía Naya.

Al momento que los policías de la judicial del DF capturaron a Zorrila, era candidato a diputado federal por Pachuca; antes de ser titular de la DFS, Zorrilla se desempeñó como secretario general de Gobierno de Hidalgo y presidente del PRI en esa entidad, entre 1979 y 1981.

En febrero de 2009, Zorrilla Pérez obtuvo la libertad condicional. Pero por no haber entregado una serie de requisitos, como carta aval moral, fotografías tamaño credencial y carta compromiso de trabajo, en julio las autoridades del DF revocaron el beneficio y regresó a la cárcel.