Corrupción salpica al gobierno en Guatemala

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de mayo.- Hace tres semanas estalló una bomba para el gobierno del presidente Otto Pérez Molina: la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), de la ONU, denunció una red de fraude fiscal y aduanero que alcanza a las más altas esferas del poder político.

El golpe es tan fuerte que la oposición política guatemalteca presentó una demanda ante el Ministerio Público (MP) para que el presidente Pérez Molina sea juzgado y deje el cargo, todo esto, de cara a las elecciones presidenciales del próximo septiembre.

La red, denominada “La Línea” por los investigadores, presuntamente cobraba a los importadores sólo 40 por ciento de los impuestos estándares de importación, y recibía sobornos equivalentes a 30 por ciento. Los importadores conservaban 30 por ciento restante, por lo que el gobierno recibía menos de la mitad de los ingresos fiscales que hubiera obtenido de las importaciones en circunstancias normales.

Óscar Shaad, fiscal del MP, dijo que hay pruebas de que cobraban entre 2 mil 500 dólares a 13 mil dólares por los furgones para evadir impuestos. “Eran al menos 500 furgones los que logramos evidenciar”.

El líder del partido opositor Winaq, Amílcar Pop, dijo a Excélsior que denunció al presidente Pérez Molina y a la hasta ayer vicepresidenta Roxana Baldetti de ocho delitos ante el MP: encubrimiento propio, obstrucción a la justicia, incumplimiento de deberes, asociación ilícita para el contrabando aduanero, conspiración para delinquir, colusión, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

El pasado 16 de abril la CICIG y autoridades realizaron 22 detenciones relacionadas con una estructura dirigida por el secretario privado de la vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, que facilitaba el contrabando. En este hecho también se encuentran relacionados miembros de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) como Carlos Muñoz y Omar Franco.

Al momento de los arrestos, Monzón no estaba en Guatemala; había viajado días antes con Baldetti a Corea del Sur. Dos días después, la entonces vicepresidenta regresó al país para “dar la cara”, según dijo en una rueda de prensa, pero sin Monzón, quién se encuentra con paradero desconocido y con orden de captura.

Según Baldetti, ella y Monzón salieron de Guatemala para participar en Seúl, Corea del Sur, en una actividad académica privada y para gestionar becas para universidades guatemaltecas.

“El acuerdo fue que me acompañaba a la universidad y luego él podía viajar a donde él quisiera”, explicó. Baldetti negó cualquier conocimiento previo a la trama fraudulenta denunciada por la CICIG. En referencia a Monzón, su secretario privado, dijo que “yo no puedo hacerme responsable de nadie más que de mí”.

Al respecto, Amílcar Pop señaló que la Baldetti “incumplió su deber ya que luego de haber conocido el caso en el país donde se encontraba, debió haber puesto a disposición de la embajada de Guatemala en aquel país a su secretario privado a efecto de que enfrentara su situación. Con lo que se puede sostener que tuvo la intención de  eludir las investigaciones de la autoridad, de proteger indebidamente y encubrir a su secretario privado” .

El diputado opositor dijo a este diario que el mandatario guatemalteco también está vinculado con el escándalo de corrupción “porque con el cargo que ostenta debe estar informado por las estructuras de gobierno, como la Secretaría de Asuntos Estratégicos o el Estado Mayor de la Defensa, de los asuntos extremos, por lo tanto una red de ese tamaño, con las cantidades de dinero manejado en medio de la corrupción es imposible que no lo supiera”.

Resaltó que la red de corrupción tributaria, según las estadísticas de la misma comisión contra la impunidad, se habla de mil millones de quetzales al mes (unos 1,995.231,221 pesos mexicanos) y suman 12 mil millones de quetzales al año de defraudación tributaria.

Por su parte, el presidente Pérez Molina dijo hace unos días que la defraudación tributaria y el financiamiento ilícito de los partidos políticos son dos hechos que siempre preocuparon al actual equipo de gobierno.

Agregó que la denuncia de fraude al fisco no quedará en el limbo, y aseguró que se recogerá en el informe de análisis que evalúa el trabajo de la CICIG para prorrogar su mandato, que vence el próximo septiembre.

Pero en caso de que la demanda de Amílcar Pop contra el mandatario prospere, el diputado opositor confía en que “la gobernabilidad está garantizada desde la Constitución Política de la República de Guatemala, por lo que siendo que los dignatarios de la nación están implicados, lo que procede es que en caso de darle falta absoluta al Presidente, éste se elegirá por quien designe el Congreso guatemalteco”.

“Con el cumplimiento de estos procedimientos establecidos en la Carta Magna, se garantizaría la institucionalidad del Estado guatemalteco y el estado de derecho; además sería un precedente y un hito histórico de gobernanza en el país”, resaltó.

El demandante Amílcar Pop dijo que ya no es suficiente crear órganos de control y fiscalización hacia el gobierno mientras prevalezca un modelo económico que garantiza la explotación, el saqueo de los bienes del pueblo, la inmunidad y el racismo estructural.

También consideró que “ha habido una doble responsabilidad, hemos tenido generaciones de políticos corruptos, pero también factores externos de poder directo, como el sector privado, que corrompen políticos y los usa para que estén a su servicio, tal es el extremo de esa red de contrabando aduanero que vincula a más de 100 empresas grandes que han defraudado al Estado los últimos 20 años”.

De acuerdo con el grupo de análisis estadunidense InsightCrime, desde la década de los años 70 hasta mediados de los 90 una poderosa red de contrabando compuesta por militares, policías y otros funcionarios corruptos, conocida como la “red Moreno”, reunió grandes sumas de dinero al confiscar cargamentos de contrabando y obligar a sus propietarios a pagar sobornos para recuperar las mercancías, según un informe publicado en 2003 por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus iniciales en inglés) sobre los grupos armados ilegales en Guatemala.

En el mismo informe, la WOLA incluye a Pérez Molina como uno de los líderes de un grupo clandestino dentro de los militares, conocido como “El Sindicato”. Éste fue uno de los “poderes ocultos” de Guatemala, también conocidos como CIACS (Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad), grupos oscuros conformados principalmente por exmilitares y funcionarios de inteligencia que se originaron en el conflicto civil del país.

Se desmorona candidatura oficialista

El escándalo en todo caso parece ir a más. Alejandro Sinibaldi, virtual abanderado presidencial del partido oficialista, anunció su renuncia a la candidatura por disputas con Baldetti.

El extitular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI) dijo en rueda de prensa que respetaba “a su amigo” el presidente Otto Pérez Molina, pero que no podía continuar como aspirante presidencial.

Afirmó que rompía con el Partido Patriota (PP), en el poder, y renunciaba a la candidatura presidencial por el partido en el gobierno ante la actitud de Baldetti.

Sinibaldi no entró en detalles, pero dijo que Baldetti se dedicó a chantajearlo y a sabotear su candidatura presidencial y que la situación era insostenible para continuar.

En septiembre los guatemaltecos elegirán a un nuevo gobernante para reemplazar a Pérez, un exgeneral que dirigió el servicio de inteligencia G-2.

El diputado opositor de Winaq, partido fundado por la Nobel Rigoberta Menchú, destacó que “es deseable que el electorado asuma una cesión crítica y no elija a quienes por motivos votarían, no representan las más sentidas y verdaderas aspiraciones del pueblo oprimido de Guatemala”.

Renuncia la vicepresidenta Roxana Baldetti

La vicepresidenta guatemalteca Roxana Baldetti renunció al cargo luego de ser vinculada con un escándalo de corrupción, anunció ayer el presidente Otto Pérez Molina.

“La renuncia se circunscribe a una decisión personal con el único interés, al separarse voluntariamente del cargo, de someterse y colaborar con las investigaciones que sean necesarias y sobre todo con el debido proceso”, afirmó el mandatario.

Serio y decaído, el Presidente anunció la decisión de Baldetti de retirarse del puesto, y la calificó de “valiente”.

“Fue una decisión difícil, pero valiente de la vicepresidenta, que se las estoy oficializando y que hoy mismo (ayer) será enviada al Congreso”, dijo Pérez Molina.

Es la primera vez en la historia política del país que una vicepresidenta renuncia al cargo por un escándalo de corrupción.

Baldetti, de 52 años, está vinculada a dicha controversia luego de descubrirse una red, liderada por su exsecretario Juan Carlos Monzón, que a través de defraudaciones fiscales evadió millones de dólares.

Pérez Molina dijo que Baldetti se encuentra en el país y dejó sus oficinas en la Casa Presidencial.

Cientos de personas celebraron en las calles el anuncio con gritos, aplausos y cohetes. En la Plaza de la Constitución del Centro Histórico de la capital guatemalteca la gente llegó para festejar.

“¡La renuncia de Roxana es victoria ciudadana!”, gritaban los manifestantes mientras los vehículos tocaban sus claxons.

Pérez Molina dijo que, tras la renuncia, debe enviar un listado de tres personas al Congreso para que de esa terna pueda nombrarse al sustituto de Baldetti.