Diputados, por aclarar hechos de acoso en Radio Educación

CIUDAD DE MÉXICO.

Mientras directivos de la radiodifusora pública Radio Educación apelan a resguardar la información sobre el caso de acoso sexual que una redactora de la institución denunció en contra del operador Raúl Núñez Toledo, en la Cámara de Diputados se alista la presentación de un Punto de Acuerdo que busca exhortar a la Secretaría de Cultura, que encabeza María Cristina García Cepeda, y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México “para redoblar los esfuerzos orientados a esclarecer los hechos y atender las denuncias relacionadas con el presunto caso de acoso sexual”.

La propuesta hecha por la diputada Adriana Gabriela Medina, de Movimiento Ciudadano, también intenta solicitar al Gobierno de la República “redoblar esfuerzos orientados a revisar la actualización y difusión del marco jurídico sobre acoso sexual y los protocolos aplicables a este tipo de problemas al interior de las instituciones”.

Un día después de que Excélsior informó del caso en contra de la redactora Wendy O. (13/11/2018), Alejandro Arana Velázquez, presidente del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de Radio Educación, e Hilda Saray Gómez, persona de primer contacto en temas de hostigamiento sexual y acoso sexual en la institución, dirigieron una carta a este medio en el que afirman que “se ha dado atención a la queja, recopilando la declaración de la parte involucrada así como de testigos presentados para ambas partes”.

Según la misiva de los funcionarios, a quienes la agredida acusa de “omisión” junto con el director de la radiodifusora, Antonio Tenorio, se integró un expediente que fue referido “a la instancia correspondiente. Asimismo, en la atención del caso se han considerado los principios que el protocolo señala”.

En conclusión, afirman, “Radio Educación ha llevado adelante y completado todas y cada una de las etapas, actividades y procedimientos que competen a su ámbito de responsabilidad en lo relativo al asunto (...) En seguimiento a la debida discreción a que estamos comprometidos todas las personas que integramos el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de Radio Educación, a la protección de datos personales y por tratarse de una investigación en curso, estamos en la obligación de resguardar la información relacionada con la misma, en tanto, la instancia que tiene las atribuciones para ellos, no manifieste el resultado de sus indagatorias”.

El documento de Arana y Saray afirma que entre las medidas que se han tomado están el “respeto, protección y garantía de la dignidad”, aunque nunca menciona el clima de violencia laboral que Wendy O. afirma padecer dentro de la radiofusora.

El exhorto recuerda que “ante la denuncia, las autoridades aparentemente no actuaron con la velocidad y empatía suficiente, generando circunstancias para que la víctima fuera objeto de burlas dentro de la institución derivadas de filtraciones sobre la denuncia, hechas por el posible agresor”.

También recuerda que “la conducta referida” sucede en una contexto de violencia en México, que de acuerdo con el Inegi, de las “3.8 millones de mujeres de 15 años y más que hay en la Ciudad de México, 79.8% (tres millones) han enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez vida”.

La agresión que Wendy O. habría recibido en las instalaciones de Radio Educación sucedió hace 16 meses; tras una denuncia penal, otra en la institución y en el Órgano Interno de Control, así como después de informar a la secretaria de Cultura, la redactora asegura que sus superiores “no han tenido ni la voluntad ni la capacidad de reubicar” a su agresor.

cva